El Gobierno balear multa con 100 millones a Endesa por un apagón

Baleares es un caso paradigmático de la situación del suministro eléctrico que estos días se está poniendo en cuestión, ya que las islas suelen sufrir serias deficiencias que se agudizan con la avalancha de turistas en la temporada estival. Esta situación se hizo especialmente crítica el 15 de junio de 2000, cuando un pequeña avería -un cortocircuito en la subestación de Llubí- dejó sin energía a toda la isla de Mallorca y a algunas zonas de Menorca (Ciudadela) durante varias horas. El apagón dio pie a un verdadero caos, en particular en la capital Palma, donde los semáforos dejaron de funcionar, con las consiguientes colisiones, y varias decenas de personas quedaron atrapadas en ascensores.

Las pérdidas también fueron cuantiosas debido a que todos los sistemas informáticos se cayeron, incluidos los cajeros automáticos, restaurantes y otros negocios de alimentación perdieron género perecedero. En los días que siguieron a la avería y, en parte debido a ella, se sucedieron hasta nueve cortes de luz, aunque de mucha menos intensidad.

Infracción muy grave Un año después, el Govern balear ha decidido imponer a Gesa, filial de Endesa que presta servicio casi en exclusiva en las islas, una multa de 100 millones. En la resolución, adoptada por el consejo de Gobierno del pasado día 15 de junio, se hace responsable a la eléctrica de una infracción muy grave de varios artículos de la Ley de Industria y de la del Sector Eléctrico. El Ejecutivo balear considera responsable a Gesa de la 'inadecuada conservación y mantenimiento de las instalaciones, el estado de las cuales favoreció en gran medida la concatenación de averías que provocaron el caos en todo el país el último verano'.

La administración autonómica rechaza la versión de Gesa de que los hechos que siguieron al incidente fuesen del todo 'imprevisibles' y 'fortuitos', puesto que 'responden a la conocida dejadez de la interesada empresa monopolística en el cuidado de la mayor parte de las instalaciones de generación de energía eléctrica'.

Gesa ha manifestado su total desacuerdo con la sanción porque no se considera 'en absoluto responsable de los hechos' y, según dijo ayer un portavoz, en los próximos días presentará un recurso por la vía contenciosa ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB). El conflicto jurídico puede no acabar aquí, puesto que, como ha admitido el vicepresidente del Govern, Pere Sampol, las empresas y los ciudadanos pueden acudir a los tribunales para exigir indemnizaciones a la compañía.

Los problemas han creado un verdadero síndrome en algunas comunidades con mucha afluencia turística y en aquellas que sufren apagones durante los meses estivales. En ese sentido y llevada por esa alta sensibilidad, la Generalitat catalana anunció que en los próximos días, aprobará un decreto, que obligará a las eléctricas a indemnizar a sus clientes cuando sufran cortes importantes de energía.

Esta batalla jurídica coincide con las advertencias lanzadas desde el sector eléctrico, y esencialmente desde Endesa, de que podría haber nuevos apagones en determinadas zonas este verano coinciden con una nueva ronda de conversaciones entre las empresas y el Ministerio de Economía para tratar, según fuentes del sector, la planificación de infraestructuras y de la distribución de energía y, más en concreto, de cúanto dinero deben percibir las empresas por la actividad de distribución que llevan a cabo.

En cierta forma, se reproduce la situación vivida ya hace un mes, cuando el presidente de Endesa, Rodolfo Martín Villa, y el ministro de Economía, Rodrigo Rato, discreparon sobre la regulación del sector. Entonces, las advertencias sobre posibles apagones fueron moneda corriente. Estos días se reproduce el esquema: negociación abierta y advertencias sobre posibles problemas. El próximo martes día 10, los consejeros delegados de Endesa, Rafael Miranda; de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán y de Unión Fenosa, Victoriano Reinoso, tienen previsto un encuentro con la directora general de la Energía, Carmen Becerril, para tratar la situación del sector. Acudirá también un representante de Hidrocantábrico, que en estos momentos no tiene consejero delegado, y representantes de Unesa.

Al encuentro, que ha estado precedido esta misma semana por algunas conversaciones a dos, las compañías acuden con distinta disposición. Unión Fenosa e Iberdrola han manifestado públicamente que los problemas de suministro eléctrico, si llegan a producirse, serán similares a años anteriores.

Menos alarma Desde la patronal Unesa se asegura incluso que 'la situación es, objetivamente, de menos alarma que el año anterior'. Sin embargo, desde Endesa, la empresa que más ha presionado a Rato para modificar las normas aprobadas a raíz del frustrado intento de fusión con Iberdrola -impiden, entre otras cosas, que la compañía aumente su capacidad de generación en España durante cinco años- la política de comunicación ha sido distinta. Donde otras empresas han acentuado la normalidad, Endesa ha preferido destacar lo que denomina 'la realidad', es decir, que puede haber apagones.

De hecho, ayer mismo, el director de gestión de Endesa, Miguel Vila, manifestó 'confiar' en que no se produzcan cortes en Tenerife y en la zona norte de la Costa Brava. Una forma indirecta de advertir que probablemente los habrá.

Los apagones se han convertido ya en un asunto de controversia política. Rato vinculó ayer la probable aprobación por Bruselas de los denominados costes de transición a la competencia (CTC) concedidos a las empresas (1,3 billones) con la seguridad en el suministro y manifestó que esas ayudas servirán para evitar apagones.

Esas declaraciones recibieron rápida respuesta. El PSOE calificó de 'fracaso' el modelo eléctrico y solicitó la comparecencia de Rato en el Congreso para que explique la situación. También el PSOE utilizó los CTC, pero para criticar que a pesar de que las empresas estén cobrando las ayudas -han percibido ya 500.000 millones de pesetas- , no garanticen el suministro.