El torturador Astiz se entrega en Argentina tras ser acusado por Italia

La orden de detención del ex marino fue cursada por la juez federal María Romilda Servini de Cubría, en respuesta a una solicitud de la oficina de Interpol en Roma. El pasado miércoles, la Fiscalía de Roma había pedido la detención y extradición de Astiz, acusado del secuestro, tortura y desaparición de tres ciudadanos italianos detenidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) de Buenos Aires, el mayor centro de reclusión, tortura y asesinato del régimen militar (1976-1983).

El ex capitán es el único investigado en ese proceso que permanece en libertad. En 1990 fue condenado a cadena perpetua por un tribunal de París por el homicidio de dos monjas francesas, recluidas también en la ESMA, pero nunca fue extraditado ni cumplió esa condena al estar protegido Astiz por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Esas normas, dictadas en Argentina en los ochenta, libraron de prisión a cientos de militares y policías acusados de crímenes y violaciones de los derechos humanos cometidas durante el régimen.

No obstante, Astiz sí podría ser extraditado en este caso a Italia. La razón es que las leyes citadas tienen excepciones en cuanto a los delitos que se perdonan, y no incluyen el secuestro de niños. Éste es precisamente uno de los delitos del que la justicia italiana acusa a Astiz. Según la denuncia, el ex militar es el autor de la desaparición en 1977 de Ángela Aietta, Giovanni Pegoraro y de Susana Pegoraro, todos de origen italiano; estos últimos serían padres de la niña Evelyn Vázquez, que fue secuestrada tras la detención y entregada a una familia militar, como ocurrió en otros muchos casos de hijos de desaparecidos. Según los diarios argentinos Clarín y La Nación, la niña fue entregada al ex suboficial naval Policarpo Vázquez, y reside aún en Argentina. Susana Pergorano estaba embarazada cuando fue secuestrada por el régimen.

En el proceso también figuran como acusados los compañeros de armas de Astiz Jorge Eduardo Acosta, Héctor Antonio Febres y Antonio Vanek, que se encuentran bajo arresto domiciliario en Argentina acusados del delito de secuestro de menores.

A partir de la detención del ex militar se abre automáticamente el trámite de extradición, sobre el cual el Gobierno argentino tiene la última palabra. No obstante, ni la Cancillería (Ministerio de Exteriores) ni el Ministerio de Defensa han hecho declaración alguna al respecto. Aunque no hay indicios sobre la postura que asumirá el Gobierno argentino, es seguro que la solicitud de extradición reabrirá el debate sobre la competencia de tribunales extranjeros para juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos en Argentina. 'Espero que Astiz sea extraditado, confío en el Gobierno, que haga lugar al pedido de la justicia italiana', señaló a una emisora de radio de Mar del Plata Inocencia Pegoraro, familiar de los desaparecidos.

También habló ayer sobre la detención Ragnar Hagelin, el padre de Dagmar Hagelin, una joven sueca cuya desaparición también se atribuye a Astiz, y que es el caso por el que la justicia sueca reclama al ex militar.Hagelin, que en marzo pasado presentó ante la justicia de su país una querella contra cuatro ex oficiales argentinos, incluido Astiz, se manifestó 'muy contento', pero advirtió de que hay que ser 'cauto', porque esto 'no significa' que se haya autorizado la extradición a Italia del ex marino. No obstante, Hagelin consideró 'un paso adelante muy grande' el arresto del Ángel Rubio.

Por su parte, el abogado Pedro Bianchi, letrado designado de oficio para Astiz y que ha defendido a otros ex represores argentinos, dijo ayer que el ex capitán 'de ninguna manera puede ser extraditado a Italia porque es argentino y si se cometió el delito del que se lo acusa, se cometió en la Argentina'. 'Para juzgar a un argentino por un delito cometido en la Argentina, la Argentina tiene que renunciar a su jurisdicción y competencia, cosa que la Argentina jamás hizo', afirmó Bianchi.