El juicio en La Haya puede prolongarse años debido a la complejidad del caso

El juicio contra Slobodan Milosevic puede durar varios años y su inicio demorarse bastante ante la complejidad del caso y las intenciones de la fiscal Carla del Ponte de ampliar el sumario a presuntas responsabilidades criminales en Bosnia y Croacia. El ex dictador serbio se halla aislado en la prisión de Scheveningen, próxima a La Haya, desde el viernes, pero ha sido autorizado a ponerse en contacto con el equipo de abogados que tenía en Belgrado para preparar su comparecencia formal el martes, a las diez de la mañana, ante los jueces del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia.

Richard May, un juez británico adscrito a la Sala Tercera, será quien presida el primer proceso internacional contra un ex jefe de Estado, según anunció ayer en La Haya Claude Jorda, el magistrado francés bajo cuya dirección se encuentra esta singular institución, creada en 1993 por el Consejo de Seguridad de la ONU para juzgar a los responsables de las atrocidades durante la pasada década en la antigua Yugoslavia y embrionaria del futuro Tribunal Penal Internacional (TPI). Es previsible que el TPI se haga realidad dentro de dos años, pese a las reservas de Estados Unidos.

La entrega de Milosevic a La Haya ha provocado una grave crisis política en Belgrado con la dimisión del Gobierno federal, pero ha permitido a Yugoslavia el respaldo financiero internacional. 'Se había convertido en una pieza demasiado cara para seguir conservándola', confesaba ayer con cinismo a un diario norteamericano un asesor del primer ministro serbio, Zoran Djindjic, quien ha justificado toda la operación para evitar el aislamiento del país.

Los resultados de la conferencia de donantes del pasado viernes en Bruselas han rebasado las expectativas de una nación arruinada por la guerra y el embargo internacional. El Gobierno federal evaluó sus necesidades para este año en 1.250 millones de dólares (más de 230.000 millones de pesetas) y en casi 4.000 millones para un periodo de tres a cuatro años. El efecto Slobo facilitó que los donantes se hayan comprometido de momento con una ayuda de 1.280 millones.

'¿Tan pronto?', dijo sorprendido Milosevic cuando el jueves por la mañana le comunicaron en su celda de la prisión central de Belgrado, su morada desde la espectacular detención el pasado 1 de abril, que empacara para emprender un movido viaje en furgoneta, helicópteros y aviones militares hasta La Haya para rendir cuentas ante una institución que él nunca ha reconocido, y menos ahora, según ha subrayado Branimir Gugl, uno de sus abogados.

Éste ya ha adelantado que su cliente no reconocerá ninguno de los cargos cuando comparezca el martes ante el tribunal internacional, revalidará su inocencia y sostendrá que su conducta política durante una década se limitó a proteger los intereses del pueblo serbio.

Sin embargo, la fiscal Carla del Ponte discrepa lógicamente de esta postura y se prepara a partir de ahora a exhibir abundantes pruebas que justifican la segunda orden de captura dictada a principios de año contra Milosevic (la primera había sido dictada por su antecesora, la canadiense Louise Arbour) por la que se le inculpa de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

Numerosos testigos

Del Ponte aseguró el viernes en conferencia de prensa disponer de abundantes pruebas, pero admitió la complejidad de un proceso internacional, el primero contra un ex jefe de Estado, por el que se presume que tendrán que pasar numerosísimos testigos, muchos de primera fila, que pueden comprometer también la actuación de los Gobiernos occidentales durante la guerra de los Balcanes. No se sabe la fecha del inicio, pero menos aún la de su conclusión. La tesis de la defensa de Milosevic es que el ex dictador no es responsable directo de ninguna de las matanzas de civiles que se le imputan, a diferencia de otros inculpados por La Haya, ni tampoco acepta haber orquestado una campaña de limpieza étnica y de deportación de albanokosovares. En su país está acusado de malversación de caudales públicos y abuso de poder, cargos más fáciles de probar.

Del Ponte pretende agregar responsabilidades criminales de Milosevic en matanzas y limpieza étnica en Bosnia-Herzegovina y Croacia durante los años 1992 y 1995. Ello significaría inculparle también de genocidio, que es el exterminio sistemático de un grupo social por motivo de raza, religión y política.