16 magistrados contra el olvido

Con la captura del ex dictador serbio Slobodan Milosevic, el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia ha recibido el último gran espaldarazo que necesita para despejar todas la dudas sobre su efectividad. Impulsado por la fuerte personalidad y el empeño de la suiza Carla del Ponte, que antes de tomar las riendas de la fiscalía en 1999 se había forjado una reputación internacional escudriñando cuentas suizas de mafiosos y políticos corruptos, el tribunal empieza a adquirir velocidad de crucero.

Nacida hace ocho años por resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la alta instancia judicial fue creada con un cometido muy concreto: perseguir y condenar a los responsables de los desmanes y los terribles abusos contra los derechos humanos cometidos en el territorio de la ex Yugoslavia desde 1991. Para ello, como establecen sus estatuto, existen 16 jueces permanentes de diversas nacionalidades -a cuya cabeza se encuentra el francés Claude Jorda- que trabajan en tres salas para agilizar los procesos. El trabajo entre bastidores está a cargo de más de un millar de funcionarios, entre los que se cuentan desde forenses y policías que trabajan en las investigaciones de campo hasta abogados, policías, fiscales asesores en derecho internacional, traductores o periodistas que desempeñan sus funciones en la sede del tribunal, en la ciudad holandesa de La Haya. Recientemente han sido nombrados una treintena de juece especiales entre los que se encuentra el español Juan Martín Canivell. El tribunal no dispone de policía propia, sino que depende de Interpol, las fuerzas de la OTAN desplegadas en los Balcanes y las policías de los países miembros de la ONU para la detención de los acusados.

El tribunal ha logrado inculpar a 100 presuntos responsables de los crímenes, tiene en sus celdas a 38 y ha dictado 20 sentencias condenatorias, con penas que varían desde los 45 años de prisión hasta los 5 años, y una absolución.