Del Castillo accede a que el gobierno de las universidades no tenga representantes políticos

El Ministerio de Educación ha reformado su propuesta inicial de anteproyecto tras abrir un debate en las últimas semanas con los rectores. Éstos pidieron a la ministra que no incluyese a los representantes políticos (miembros del consejo social nombrados por los Gobierno autonómicos) en el nuevo órgano de gobierno de las universidades (el Consejo de Gobierno). Los máximos responsables de los centros de educación superior señalaron que esa 'intervención política afectaría seriamente al derecho constitucional a la automía universitaria' y solicitaron que 'se diferenciara de forma clara gobierno y control social'.

Un portavoz del Ministerio de Educación, sin negar que estas reformas se hayan incluido en el nuevo texto del anteproyecto, señaló que 'las modificaciones definitivas serán confirmadas por el Gobierno únicamente en el seno del Consejo de Universidades'. Sin embargo, altos cargos de la Generalitat valenciana confirmaron que 'el ministerio presentará hoy una oferta a los rectores en la que plantea la exclusión de los representantes de los consejos sociales de los órganos de gobierno de la universidad'. Pilar del Castillo pretende elevar el texto definitivo al Consejo de Ministros para su aprobación a finales del mes de julio.

La ministra manifestó a mediados de la semana pasada ante sus colaboradores más estrechos sus 'dudas sobre la conveniencia de mantener la presencia política en los órganos de gobierno u optar por que el control externo de las universidades lo realicen los consejos sociales'.

El giro del ministerio buscaría, en contrapartida, reforzar las competencias de los nuevos consejos sociales, mediante 'una ampliación de sus atribuciones, en materia de planificación y gestión presupuestaria', de forma, que como ya existe en otras leyes autonómicas de consejos sociales, estos órganos tengan competencias para establecer 'los criterios básicos para la elaboración del presupuesto'.

'Modelo Zaplana'

También podrían corresponder a los nuevos consejos sociales atribuciones para autorizar los convenios de investigación, nuevas titulaciones y, en general, diseñar la planificación universitaria. Un modelo que, el gobierno popular de Zaplana, está ya a punto de tramitar en la Comunidad Valenciana. En la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), anoche se estaba a la espera de confirmar la posición de la ministra. Sin embargo, fuentes de la CRUE adelantaron que la exclusión de los representantes políticos y sociales de los órganos de gobierno 'no es el único punto conflictivo'.

Los rectores recuerdan que en su acuerdo del 21 de mayo, ratificado en la asamblea del viernes pasado, 'rechazaron muchos otros aspectos, y más importantes, del anteproyecto de ley'.

Por otro lado, Del Castillo aseguró ayer en el Senado, durante la sesión de control al Gobierno, que las universidades privadas serán sometidas con la Ley de Universidades a los mismos criterios de evaluación de calidad de la docencia e investigación que los centros públicos. La secretaria de Educación del PSOE, Carmen Chacón, propuso ayer que la nueva ley obligue a los centros privados a contar con al menos un 30% de profesores acreditados por el Estado', informa Juan J. Gómez.

Los socialistas piden además que se declare incompatible la docencia simultánea en centros públicos y privados, y que desaparezcan los centros adscritos (centros privados que imparten títulos mediante convenios con un universidad pública y que suelen cobrar a sus alumnos, además de las tasas académicas, pagos periódicos).