El Gobierno acepta negociar con los rectores cambios en la Ley Universitaria

El sistema de selección del profesorado, la carrera académica de los docentes y los órganos de gobierno de las universidades centrarán el futuro debate entre los rectores y el Ministerio de Educación. El secretario de Estado de Universidades, Julio Iglesias de Ussel, ha señalado que ve posible el acuerdo con la Conferencia de Rectores en las próximas semanas, informa Servimedia.

Según el calendario previsto del Ejecutivo, el ministerio debatirá unos dos meses con los rectores las modificaciones a su anteproyecto que será aprobado presumiblemente en la última reunión del Consejo de Ministros antes de las vacaciones de verano, es decir, a finales de julio.

Pilar del Castillo afirmó que 'ahora es el momento de debatir y de que los rectores expliquen dónde están en la ley esas cosas que dicen que se intenta construir una universidad uniformista, rígida y que cercena la autonomía universitaria, y en qué grado y en qué medida se puede deducir esto del texto de la ley'. Del Castillo considera que el tiempo dado a los rectores 'es más que suficiente, teniendo en cuenta que la universiddad lleva varios años en un debate sobre sus problemas y sobre posible soluciones'.

'Debate más sereno'

Sin embargo, los socialistas consideran que el aplazamiento hasta finales de julio de la entrada del proyecto en el Congreso de los Diputados 'es claramente insuficiente' y que la ministra 'no ha entendido nada sobre el comunicado de los rectores, que es durísimo contra el proyecto del ministerio', señaló ayer la responsable de Educación de la Ejecutiva socialista, Carme Chacón.

'Es necesario un debate más sereno en el que participen los agentes sociales, las comunidades autónomas y los estudiantes, que en julio están ya de vacaciones', añadió.

Algunas universidades y comunidades autónomas también han criticado el anteproyecto de ley. El consejero de Educación en funciones del Gobierno vasco, Inaxi Oliveri, pidió ayer la sustitución del texto por otro nuevo porque no respeta las competencias de las comunidades.

La consejera de Educación de Andalucía, Cándida Martínez, solicitó que se amplíe el plazo de debate de la ley y que se incluya en él a las comunidades, 'que son las que tienen las competencias y tendrán que aplicar los cambios'. Según Martínez, 'parece que el ministerio se está planteando hablar 'casi exclusivamente con los rectores'.

También CC OO insistió ayer en la necesidad de ampliar los participantes en el debate. El secretario general de este sindicato, José María Fidalgo, y el responsable de la Federación de Enseñanza, Fernando Lezcano, han enviado un comunicado a la ministra en el que 'reclaman el nivel de interlocución que les corresponde' y piden un 'amplio proceso de debate y negociación'. Según este sindicato, los contactos mantenidos hasta ahora con el ministerio eran informativos y no 'verdaderas negociaciones'.

La Junta de Gobierno de la Universidad de Valencia ha sido una de las primeras en acordar 'por unanimidad' solicitar a la Conferencia de Rectores que 'tramite la retirada del anteproyecto por ser excesivamente reglamentista y porque no aporta soluciones a los problemas actuales', informa Neus Caballer.

Las universidades valencianas, catalanas y andaluzas han iniciado una carrera para forzar la 'retirada' del anteproyecto a fin de que el ministerio 'inicie un proceso de reflexión y debate sobre los problemas de la universidad y la solución a los mismos', explicó el rector de la Universidad de Valencia, Pedro Ruiz Torres.