PSOE y PNV fuerzan el debate de la Ley Universitaria con las autonomías

Los consejeros de Educación de Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Extremadura y País Vasco afirman, en una carta dirigida a la ministra de Educación, Pilar del Castillo, que en la elaboración del anteproyecto de la Ley de Universidades no se ha garantizado la 'participación real y efectiva' de la universidad y de las comunidades autónomas.

El Gobierno central se comprometió la semana pasada a negociar con la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) cambios en el anteproyecto de la Ley Universitaria. Los consejeros de Educación quieren que el ministerio también les escuche a ellos. Por eso acordaron ayer solicitar formalmente al ministerio que convoque la Conferencia Sectorial de Educación.

La consejera de Educación de Andalucía, Cándida Martínez, recordó que el reglamento de este órgano de coordinación atribuye al ministerio la decisión de convocar reuniones extraordinarias, pero especifica que está obligado a convocarlas 'si lo solicitan al menos seis de sus miembros'.

El viceconsejero de Universidades del País Vasco, Ander Gurruchaga, afirmó que 'sería interesante que se sumaran a la solicitud el resto de comunidades'. 'Lo único que pedimos es reunirnos para discutir', explicó Gurruchaga.

Por otro lado, cinco de los seis rectores de las universidades públicas madrileñas (el rector de la Universidad Carlos III, Gregorio Peces-Barba, no acudió al encuentro) exigieron ayer al Gobierno central que acompañe la futura Ley de Universidades de un marco estable de financiación.

El rector de la Universidad Complutense, Rafael Puyol, destacó que las dificultades financieras de los centros se agudizarán en los próximos años con el descenso en el número de matrículas. 'El mensaje que recibimos de la sociedad es fatalmente sencillo y desolador: apáñatelas como puedas', sostuvo Puyol.

Para el rector de la Universidad Politécnica y presidente de la CRUE, Saturnino de la Plaza, es necesario establecer un plan de financiación 'para evitar diferencias' entre universidades y comunidades autónomas.

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