La oposición exige en el Congreso que se amplíe el plazo de debate de la Ley de Universidades

En la sesión de ayer en el Congreso, los grupos parlamentarios -los socialistas, CiU, Izquierda Unida, Coalición Canaria y el Grupo Mixto- avanzaron las posturas que defenderán en el futuro debate de la Ley de Universidades en la Cámara Baja, que comenzará después del verano. La ministra expuso las líneas generales de su anteproyecto que fueron recibidas con llamamientos a que se escuche a los representantes sociales (profesorado, organizaciones estudiantiles y sindicatos) y las comunidad autónomas que están pidiendo participar en el debate, abierto actualmente a los rectores.

La Conferencia de Rectores (CRUE) anuló ayer su reunión para elaborar un texto alternativo al del Gobierno, prevista para hoy, por la muerte repentina del rector de la Universidad de Barcelona, Antoni Caparrós. La reunión se celebrará presumiblemente el próximo viernes.

La ministra reiteró su intención de presentar el proyecto definitivo en el Congreso antes del verano y anunció que se modificará el anteproyecto hecho público para 'explicitar con detalle' que los centros privados no podrán tomar decisiones sobre aspectos que afecten a las universidades públicas, uno de los aspectos más criticados del texto del Ejecutivo. De esta forma, las privadas participarán, como se había anunciado en el futuro Consejo de Coordinación Universitaria -que sustituirá al Consejo de Universidades como órgano de gobierno de la educación superior española-. El proyecto del ministerio permite actualmente a todas las universidades participar en condiciones de igualdad en este órgano.

Esta medida fue aplaudida por la oposición socialista, que dijo estar convencida de que 'ésta no será la única rectificación que tendrá que hacer el Gobierno', según manifestó la responsable de Educación en la Ejecutiva del PSOE, la diputada Carme Chacón. Para los socialistas, Del Castillo tendrá también que modificar sus planes en cuestiones como 'los órganos de gobierno, que dificultan la gestión, y en la prueba de habilitación del profesorado, porque, entre otras cuestiones, dificulta el ingreso de personas procedentes de otros países'. Según el PSOE, el proyecto 'no soluciona los problemas actuales de la universidad'.

El portavoz de CiU, Jordi Martí, también criticó la 'prisa excesiva' del Gobierno, así como el 'excesivo detalle' del texto -que 'parece un intento por controlar a los centros'- y las dificultades 'que plantea la prueba de habilitación para el acceso de profesores extranjeros o que se hayan formado en otros países'. CiU ve además inconvenientes en la elección del rector por sufragio universal ponderado porque es un sistema del que no se tienen referencias porque no existe en otros países.

Martí también dijo que su grupo tiene reticencias sobre el peso que concede el anteproyecto a las universidades privadas y advirtió que la nueva Agencia Nacional de Acreditación 'puede invadir las competencias de las comunidades autónomas'.

También insistió en este último aspecto el diputado del Bloque Nacionalista Galego, Francisco Rodríguez. Este portavoz calificó el proyecto de 'centralizador', aseguró que no acaba 'con la endogamia en la selección del profesorado sino que la traslada a un terreno más reducido' y dijo que la exigencia de que los miembros de los tribunales de habilitación tengan dos sexenios 'restringe los candidatos en algunas áreas a unos pocos'.

La portavoz de IU, Marisa Castro, afirmó que el texto 'privatiza' la universidad y acusó a Pilar del Castillo de 'despreciar' las opiniones contrarias a su anteproyecto. Coalición Canaria también considera que la habilitación 'introduce rigidices' en la selección por parte de las universidades, según dijo su portavoz, María del Mar Julios.