Los rectores piden al Gobierno una acreditación estatal de méritos para el acceso a la docencia

Los rectores piden además que se incluya en la normativa el compromiso de que la ley de financiación autonómica haga referencia al presupuesto de esta reforma. El anteproyecto del Gobierno no habla de financiación. Los responsables de las universidades expusieron ayer en una comisión del Consejo de Universidades la propuesta que acordaron en la reunión de la Conferencia de Rectores (CRUE) -integrada por 65 de las 68 universidades públicas y privadas- celebrada el pasado viernes.

El secretario de Estado de Universidades, Julio Iglesias, aseguró que el ministerio realizará modificaciones técnicas en el anteproyecto que consistirán en precisiones 'para atenuar posibles riesgos o malas interpretaciones' y aseguró que hay 'un acuerdo sustantivo' con los rectores, de los cuales les separan sólo cuestiones de 'matiz o de mejora de la redacción del proyecto'. Iglesias calificó la propuesta de los socialitas de 'incoherente, regresiva y precipitada' y se extrañó de que el PSOE 'no la haya presentado en el Consejo de Universidades'.

El presidente de la CRUE, Saturnino de la Plaza, aseguró que ayer 'no hubo una negociación, sólo una exposición de la postura de las universidades' y que el Gobierno no les dio 'ninguna respuesta, aunque estaba más receptivo que en reuniones anteriores'. Éstas son las líneas principales de las propuestas:

- Acceso del profesorado

Rectores. Proponen el acceso de los profesores titulares y catedráticos por medio de una acreditación estatal de sus méritos, sin examen, pero no señalan cómo sería la composición del tribunal que posteriormente elegiría al candidato para cada plaza, como hace el PSOE en su alternativa. Piden que no haya limitación de acreditados. Sugieren que se establezcan unas normas básicas para toda España y que el resto lo determinen los estatutos de cada universidad.

PSOE. Pide una acreditación estatal por méritos y que los tribunales que elijan después al candidato a cada plaza se compongan de cuatro miembros elegidos por sorteo entre profesores de toda España y uno, por la universidad que convoca la plaza.

PP. Recoge en su anteproyecto una habilitación nacional por medio de una prueba que se debe superar para ser titular o catedrático. Incluyen un número fijo de habilitados y la caducidad de la habilitación a los dos años. La selección posterior de cada candidato la decide cada universidad.

Otras alternativas. Unos 500 profesores, liderados por el catedrático Gabriel Tortella, han apoyado la habilitación propuesta por el Gobierno y han propuesto que 'expertos externos seleccionen a los profesores de mayor nivel', por medio del número de sexenios 'afectado por un coeficiente corrector' y que esos docentes seleccionen al resto. También piden la presencia de profesores extranjeros en los tribunales de habilitación.

- Figuras de profesores

Rectores. Apoyan la propuesta del Gobierno de crear la figura de profesor contratado, pero piden que se especifique que tengan contratos laborales (con todos sus derechos), no administrativos (como los actuales de ayudantes y asociados). Plantean que los profesores de las universidades privadas también se sometan a una acreditación por méritos. No están de acuerdo con el ministerio en que los ayudantes doctores tengan que pasar, al cabo de cuatro años, dos fuera de su universidad para poder volver. Sugieren que se fomenten los programas de movilidad de docentes.

PSOE. Pide que se cree la figura de 'profesor colaborador', que la duración de los contratos de los ayudantes las marque cada universidad, que los profesores contratados no sean más del 30% de funcionarios y que el 15% de los éstos procedan de otras universidades. Se opone a la creación del ayudante no doctor.

PP. Crea el profesor contratado no funcionario (que pueden llegar a ser hasta el 49% de los docentes de la univesidad) y el ayudante no doctor.