'Las universidades tendrán una evaluación estatal obligatoria'

La ministra no tiene ninguna duda de que su Ley de Universidades ha quedado lo mejor posible. Sale al paso de las críticas de los rectores al texto definitivo argumentando que está tranquila, porque, en su opinión, se les ha consultado todo lo necesario. Pero le gusta repetir que nadie debe olvidar que 'el Gobierno es el que tiene la obligación de legislar y de trascender de visiones parciales'.

Tampoco han calado en Pilar del Castillo las quejas de las comunidades autónomas. Denuncian que no se les ha consultado debidamente al elaborar una reforma que, en definitiva, tendrán ellas la competencia de aplicar y desarrollar. La ministra se sacude esas quejas vinculándolas a intereses políticos de las comunidades gobernadas por el PSOE y el PNV.

'Los rectores tendrán que explicar sus críticas. Tienen visiones que no dejan de ser parciales'

Éstas son las claves del cambio, según Pilar del Castillo: 'Un mejor sistema de selección del profesorado, más abierto, más transparente y más competitivo; una gestión más ágil y eficaz por parte de las universidades; una potenciación de la investigación; una mejor conexión entre la sociedad y la Universidad, y una evaluación del sistema a través de la Agencia Nacional de Calidad y Evaluación, lo que va a permitir una transparencia en la calidad de las universidades y medir realmente su rendimiento'.

Esa evaluación de las universidades es, sin embargo, una cuestión peliaguda, porque las comunidades consideran que puede ser una intromisión a sus competencias y a la autonomía universitaria que una agencia nacional realice una evaluación obligatoria de sus universidades. Actualmente existe, pero es voluntaria. Las universidades presentan a examen las carreras que quieren. Esto hace que los resultados no sirvan para elaborar un ranking sobre cuáles son los mejores centros en cada titulación, algo que sí permitirá el sistema que se introducirá con la ley, al hacer la evaluación obligatoria, como explica la ministra, algo que se regulará en un posterior decreto.

'Habrá aspectos de la evaluación que serán obligatorios y otros voluntarios. Pero la tendencia será a que haya una evaluación obligatoria, a que la agencia tenga la información necesaria de las universidades en materia de docencia, investigación y gestión. Con la creación de esta agencia estamos en la vanguardia de los países europeos. Sólo Holanda tiene previsto crear una, pero es la tendencia en todos los países de la UE'.

La Ley de Universidades introduce un examen de habilitación nacional para todo el que quiera ser profesor titular o catedrático. Después deberán superar las pruebas de selección (como un examen o simplemente una entrevista) que establezca cada universidad para ganar una plaza vacante. El Gobierno obliga además a las universidades privadas a tener un 25% de profesores que hayan pasado por esa habilitación nacional.

En cada convocatoria se habilitará a un número fijo de personas, igual al de plazas que declaren previamente vacantes las universidades. Y éstas deben escoger después al habilitado con el perfil más adecuado a sus necesidades. Sin embargo, las universidades aseguran que muchos de esos habilitados pueden no reunir las condiciones que ellas requieren. En ese caso, no descartarían esperar a una nueva rueda de habilitación para cubrirla esas plazas. Pero la ministra cree que el problema de las bolsas de titulares o catedráticos habilitados sin plaza no va a producirse.

'El sistema no lo permite. Podrá haber algunos habilitados que por un tiempo corto no tengan plaza porque ninguna universidad los haya seleccionado a ellos, sino a otras personas que ya son titulares o catedráticos en otros centros. Éstos a su vez dejarían una plaza libre. Por lo tanto, se produce un efecto de movilidad que no produce bolsas de habilitados sin plaza'.

También establece la nueva ley que los rectores serán elegidos por sufragio universal ponderado, es decir, que votarán todos los alumnos, profesores y personal administrativo a su mejor candidato tras una campaña electoral que promete ser al más puro estilo político.

Pero la clave de los enfrentamientos de los últimos meses entre el mundo universitario y la ministra ha sido otra novedad: la reorganización de los órganos de gobierno y gestión de las universidades. La ministra quería que participaran en el gobierno de estos centros representates políticos elegidos por los gobiernos de las comunidades.

Los rectores pusieron el grito en el cielo y aseguraron que se trataba de 'una invasión de la autonomía universitaria'. Al final, Pilar del Castillo ha cedido, con una propuesta que no llega a ser ni lo que ella quería ni lo que pedían las universidades: habrá tres representantes políticos, pero sin voto. El resultado 'es una mezcla que provocará problemas', según los rectores. La ministra no está de acuerdo.

Críticas 'Los rectores tendrán que explicar sus críticas. Las partes implicadas tienen visiones que no dejan de ser parciales. El Gobierno tenía unos objetivos irrenunciables en el proyecto y, partiendo de ellos, se han intentado adecuar algunos aspectos a las peticiones. La principal crítica que se ha tenido en cuenta ha sido la de la injerencia en la autonomía universitaria. Aunque yo creo que no la había, se ha buscado una alternativa con la que no cupiera asomo de duda acerca de este argumento'.

El consejo social (que supervisa los asuntos económicos) estará compuesto por miembros sólo de la sociedad y no de esta institución (sólo habrá tres, entre ellos el rector, pero sin voto), lo que, según las universidades, hará que éstas puedan estar condicionadas por intereses políticos de las comunidades. La ministra asegura que eso 'no ocurrirá, porque está en la voluntad de las comunidades asumir con responsabilidad sus obligaciones'.

Algunas comunidades autónomas se han quejado reiteradamente de que el ministerio no consulta con ellas las reformas y de que no se ha convocado la conferencia sectorial (en la que están representadas) para pedir su opinión sobre esta ley. La ministra niega que esto sea exactamente así: 'Las comunidades que han manifestado quejas sobre el anteproyecto de ley han sido las gobernadas por el partido socialista y el Partido Nacionalista Vasco. Pero todas han tenido un foro de debate en el Consejo de Universidades, donde también están representadas. Es un contrasentido que las comunidades del PSOE y del PNV pidan debate y a la vez lo eludan en el marco del Consejo de Universidades'.

Del Castillo destalló al máximo los contenidos mínimos de la ESO y el bachillerato (la parte que establece el Gobierno del currículo) el año pasado. Ahora quiere crear 'centros de referencia nacionales' de FP y un sistema de habilitación y una agencia de evaluación estatales en el sistema universitario. ¿Pretende el Gobierno vertebrar el sistema educativo aumentando al máximo el control estatal? 'La vertebración es obligación del ministerio. Lo que se intenta es subrayar la calidad, competitividad y transparencia del sistema'.