La puñalada trapera de un juez amigo

Cuando en 1992 León Arslanián abandonó la cartera de Justicia que ocupaba en el primer Gobierno de Carlos Menem, hizo una tremenda advertencia pública: 'Los jueces que están siendo designados con criterios de amistad serán los primeros en dar una puñalada trapera al presidente y a sus acólitos'. Arslanián acababa de dimitir por estar 'en total desacuerdo' con los criterios de designación de los miembros de la carrera judicial argentina. El año siguiente llegó a la justicia federal el joven Jorge Urso, cumplidos los 36. Como otros jueces amigos del poder, llegó de la mano del ministro del Interior, Carlos Corach, fiel escudero de Menem. Ocho años después se ha cumplido el presagio. El ex presidente está detenido y a punto de ser procesado por el juez 'amigo' de antaño.

'Advertí de que el mejor sistema podía naufragar si los recursos humanos no estaban a la altura de las circunstancias', recuerda el ex juez Arslanián, que integró el tribunal que juzgó en 1984 a los comandantes de las juntas militares de la dictadura. La justicia, dice, 'fue puesta en la picota desde el comienzo del menemismo por los criterios con que se designaba a los jueces amigos, que se ponían la camiseta de Menem y juraban lealtad antes de su designación'. Eran los tiempos de la ostentación del poder, de la mayoría automática de la Corte Suprema a favor del oficialismo y de la denuncia de que Corach había escrito en una servilleta los nombres de los jueces adictos, entre ellos Urso.

'Cuando llega el nuevo Gobierno se produce un proceso de reconversión evangelizadora', dice con mordaz ironía Arslanián. 'Esos mismos jueces que eran execrables han comenzado a producir hechos extraordinariamente justos. Mentira. Lo que están haciendo es cubrirse y evitar las consecuencias de eventuales investigaciones en su contra. Esto es lo que pasa con los jueces federales'. Es la opinión de un jurista de prestigio pero que hoy tiene en sus manos la defensa de cuatro imputados en la causa del contrabando de armas por la que ha sido detenido Menem. Se trata de Guido di Tella, ex ministro de Exteriores; Fernando Petrella, viceministro; el brigadier general Juan Paulik, ex jefe de la Fuerza Aérea, y el coronel Carlos Franke, ex director de Producción para la Defensa.

Las sospechas de negocios sucios en la venta de material militar argentino vienen de lejos, aunque la investigación judicial no arranca hasta que el abogado Ricardo Monner Sans presentó la primera denuncia el 15 de marzo de 1995, el mismo día que Carlos Menem júnior, hijo del presidente, fallecía en un accidente aéreo sobre el que persisten interrogantes. La causa que instruyen el juez Urso y el fiscal Carlos Stornelli incorporó parte de la investigación del periodista Daniel Santoro. Seis mil quinientas toneladas de armas fueron desviadas hacia Croacia entre 1991 y 1995, lo que violaba el embargo militar decretado por la ONU contra la antigua Yugoslavia.

Otros 5.000 fusiles FAL y 75.000 toneladas de armas y municiones procedentes de Fabricaciones Militares, dependiente del Ministerio de Defensa, llegaron a Ecuador en 1995, en plena guerra con Perú. Argentina era uno de los cuatro países garantes del Protocolo de Río para el fin del conflicto. Panamá, Venezuela y Bolivia eran los destinos que figuraban en los decretos presidenciales firmados por Menem, Guido di Tella, el ministro de Defensa, Erman González, y de Economía, Domingo Cavallo. Menem y González están detenidos, Di Tella está citado a declarar como imputado y, de momento, Cavallo no aparece en el punto de mira de la investigación. El actual ministro de Economía y hombre fuerte del Gobierno de Fernando de la Rúa asegura estar tranquilo y no temer ninguna acción de la justicia.

En los próximos diez días, el juez Urso decidirá si procesa a Menem y ordena la prisión preventiva, que cumpliría en arresto domiciliario por razones de su edad (70 años). La situación del ex presidente se puede complicar a medida que avancen otras investigaciones. En este sentido, cobra especial importancia la labor de la comisión parlamentaria de lavado de dinero que, bajo la presidencia de la diputada Elisa Carrió, examina los documentos remitidos recientemente por el Senado de EE UU. Dicha información puede revelar la ruta del dinero sucio en los escándalos de corrupción ocurridos durante el Gobierno de Menem.

La cascada de actuaciones delictivas a lo largo de la década pasada puede empezar a desentrañarse. La investigación del contrabando de armas ha llegado a lo más alto. Pero quedan muchos capítulos que la justicia ha sido incapaz de esclarecer, como los presuntos sobornos que se pagaron en la privatización de los servicios públicos (con notable presencia española); el yomagate, que incluía en el lavado de dinero a Amira Yoma, cuñada de Menem; la concesión de la ciudadanía argentina al traficante de armas sirio Monzer al Kassar; la compra por 66 millones de dólares del avión presidencial Tango 01; los atentados contra la Embajada de Israel y la sede de la mutual de la comunidad judía en Argentina; el escándalo de corrupción en el contrato entre el Banco Nación e IBM, o la construcción del aeropuerto en el pueblo natal de Menem, Anillaco, y la consiguiente causa judicial que investigó al entonces presidente por enriquecimiento ilícito.

Los cargos que pesan ahora contra el detenido son ser el jefe de una asociación ilícita que fraguó el contrabando de armas, y falsedad, por firmar decretos que consignaban destinos falsos. El primer delito (no excarcelable) conlleva una pena de 3 a 10 años de prisión, y el segundo (excarcelable), un mínimo de un año de cárcel. 'Los hechos imputados son importantes, pero la significación jurídica que la Cámara Federal y el juez han acordado a tales hechos es incorrecta. Hay que respetar la garantía de inocencia y la libertad durante el proceso. Creo que estas detenciones son puramente efectistas', señala León Arslanián.

Los defensores de los acusados señalan que el juez Urso no está libre de sospecha, y recuerdan no sólo su pasado menemista, sino la investigación que ha abierto el Consejo de la Magistratura sobre su presunto enriquecimiento ilícito. La actuación del magistrado ha merecido la reprobación de algunos juristas que cuestionan el adelantamiento de la citación de Menem para prestar declaración indagatoria, fijada inicialmente para el 13 de julio, o la orden de detención comunicada al general Balza, ex jefe del Ejército, antes de que empezara a declarar. Para Arslanián, 'no se trata de persecución política' como vociferan los seguidores del ex presidente, 'sino de una presión social que demanda investigaciones'. Y agrega: 'El caso Menem no es ninguna muestra de independencia judicial, sino de todo lo contrario, de dependencia del poder judicial de una serie de factores como los medios de comunicación o la opinión pública'.

Una encuesta publicada ayer por el diario Clarín señala que el 77% de los consultados está de acuerdo con la detención de Menem, el 66,8% considera que es culpable, aunque el 47,1% estima que no hay garantías para que tenga un juicio justo, frente a un 44,1% que opina lo contrario. Los encuestados rechazan por mayoría abrumadora (79,5%) un eventual indulto del Gobierno, hipótesis que ha insinuado el ministro del Interior, Ramón Mestre, en estos términos: 'Después del indulto que se concedió a ex dictadores y terroristas, no veo por qué desechar' dicha medida. Si Menem es puesto en libertad, las instituciones argentinas caerán en el descrédito. 'Entre el desencanto de la gente y la vigencia del Estado de Derecho y el respeto por las garantías constitucionales, yo me quedo con lo último', responde sin titubear Arslanián.

Mientras, el antiguo caudillo aguarda su futuro en una finca al norte de Buenos Aires que parece la mansión de Dinastía, acompañado de su esposa, Cecilia Bolocco, y con la protección de una veintena de policías. Eso sí, la casa tiene un quincho (porche) para 50 personas, por si el cautivo quiere realizar un asado.