Bazán pagó 546 millones a un intermediario para vender submarinos a Chile
El Tribunal de Cuentas critica la falta de información sobre un desembolso a las islas Jersey
El Tribunal de Cuentas analizó los 55 contratos ejecutados por la empresa pública Bazán en 1998. En su informe de fiscalización correspondiente a ese ejercicio llamó la atención sobre el hecho de que todos los contratos fueron adjudicados sin publicidad ni concurrencia.
El expediente que más alarmó al alto tribunal fue el concertado entre Bazán y la firma británica Seapoint Enterprises, que se define así: 'Servicios exteriores por 546 millones de pesetas de cuyo contenido se deduce que es de intermediación mercantil (relativo a la construcción de dos submarinos). Sólo contiene el contrato suscrito entre las partes y los justificantes de pago, sin que la sociedad haya aportado ninguna otra información que permita analizar debidamente el expediente'.
Emilio Jiménez, director corporativo de Izar, antes Bazán, da la siguente versión. 'No hay ningún misterio. No podemos tener un representante en cada país. Les contratamos para saber la voluntad real de los chilenos de comprar los submarinos'. A preguntas de este diario sobre si 'sondear la voluntad real' cuesta 546 millones, este directivo minimizó la cifra: 'En un contrato de 60.000 millones, 546 millones no es ni el 1%'.
Campaña de prensa
Un portavoz oficial de Izar niega que el desembolso fuera una comisión y también cita como argumento el porcentaje mínimo del pago respecto al volumen de la venta. Este portavoz se considera atado por una cláusula de confidencialidad del contrato con Seapoint Enterprises que le impide contar casi todo sobre su génesis y contenido.
No obstante, aporta verbalmente varios elementos, que no justifica mediante documentos. El primer dato relevante es que el contrato se firmó en mayo de 1998, cinco meses después de que el 12 de diciembre de 1997 el Gobierno chileno adjudicara a Bazán, junto con la empresa francesa DCN, la construcción de los dos submarinos.
El detalle de las dos fechas desdibuja el razonamiento de que se les contrató para 'sondear la voluntad real de compra' de los chilenos. ¿Para qué sondear una voluntad de compra ya plasmada oficialmente en un concurso fallado por los chilenos en favor de Bazán? Ante esta supuesta contradicción, el portavoz oficial corrige la explicación. 'Se les contrató después de haber ganado el concurso para contrarrestar una feroz campaña de prensa en Chile contra nuestros submarinos auspiciada por los competidores alemanes derrotados que ponía en peligro el contrato conseguido'. Seapoint desarrolló, además, otras dos tareas que este portavoz sólo enuncia genéricamente: 'Vigilar el perfecto desarrollo del contrato de los submarinos y poner en marcha el consorcio hispanofrancés'.
Este portavoz de Izar añade otro dato: 'Los pagos a Seapoint han continuado hasta hace pocos meses'. Pero no detalla más. Asegura que no se han sobrepasado los 546 millones declarados al Tribunal de Cuentas ante el cual, por error, dice, 'se presentaron como gastos de representación, y no lo eran'.
No explica el portavoz de la antigua Bazán si esta consultora cobró por comisión o contra factura por servicios prestados, ni cómo detalló su labor para contrarrestar la 'feroz campaña alemana'. No ve nada anómalo en que Seapoint Enterpresises tenga su sede en las islas Jersey, un paraíso fiscal para las operaciones financieras. Ninguna empresa denominada Seapoint Enterprises está registrada en dichas islas, ni aparece ningún teléfono a tal nombre. En la dirección y teléfono que indica el portavoz de Izar, 22 Grenville Street, sólo figura el trust Mourant and Co, con un amplio abanico de servicios (litigios, asesoramiento legal y financiero). El director comercial de Mourant, Matthew Robbins, declina comentar todo detalle por 'razones éticas'.
Si Seapoint fue contratada como apafuegos, Izar niega que interviniera en sofocar el peor incendio: la amenaza que realizó la Armada chilena en noviembre de 1998, pocos meses después del contrato con Seapoint, de cancelar la compra de los submarinos a España por el proceso de extradición del ex dictador Agusto Pinochet.
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