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LOS PROBLEMAS DE LOS INMIGRANTES

Marruecos dice que no ha tenido tiempo para estudiar el convenio de migración con España

El primer ministro Yussufi recibió hace cuatro meses la oferta presentada por Fernández-Miranda

Marruecos es, junto con Ecuador y Polonia, uno de los tres países cuya inmigración las autoridades españolas han decidido primar. Con Quito el acuerdo ya ha sido firmado y con Varsovia está previsto rubricar otro a finales de la primavera, pero con Rabat ni siquiera ha empezado a trabajar el grupo negociador cuya creación anunciaron el 23 de enero Jaime Mayor y su homólogo marroquí, Ahmed Midaui. Para intentar activar ese grupo, el delegado para la Extranjería, Enrique Fernández-Miranda, tiene previsto viajar de nuevo a Rabat a fin de mes.

Las palabras de Yussufi ponen de relieve hasta qué punto su Gobierno no está interesado en el ofrecimiento español. El primer ministro añadió, sin embargo, que en su momento la propuesta española 'se considerará con mucho interés'. 'Estoy seguro de que vamos a encontrar un marco de acuerdo', agregó.

El desinterés de Rabat se debe, en primer lugar, al temor a que la firma de ese convenio abra la vía a la expulsión de entre 30.000 y 50.000 marroquíes que se encuentran en situación irregular y que, como sucedió con los ecuatorianos, podrían tramitar en los consulados españoles en su país el regreso a la Península.

El Gobierno marroquí ha sido parco en comentarios sobre el convenio que Fernández-Miranda puso encima de la mesa, pero algunos representantes de la sociedad civil se han encargado de explicar su punto de vista. De vuelta de una gira por España, dos sindicalistas, Mohamed Alaui Titna y Mubarek Mutawaakil, declararon a finales de febrero que 'es absurdo que se exija a un marroquí que ejerce un trabajo en España que vuelva a su país para poder aspirar después a la hipotética recuperación del empleo que dejó'.

Francia y Holanda intentaron en su día poner en marcha experiencias similares con Marruecos y siempre acabaron fracasando, recordaron los sindicalistas de la CDT, una central afín a los socialistas, y de la UGTM. Si, al final, llega a suscribir el convenio, el Gobierno de Rabat exigirá que sus ciudadanos no deban, para legalizar su situación, hacer un viaje de ida y vuelta.

Yussufi y Midaui tienen, sin embargo, razones con más peso para ignorar la oferta española. Aunque en términos muy vagos, el convenio recalca que Madrid y Rabat mejorarán su 'coordinación en la lucha contra la inmigración irregular, el fraude documental y, especialmente, el tráfico ilícito de seres humanos'. En claro, Marruecos hará mayores esfuerzos para controlar su costa norte, desde donde zarpan, rumbo a la Península, las embarcaciones repletas de emigrantes.

Teóricamente Marruecos pone un gran empeño en vigilar su zona costera. 'Desplegamos grandes esfuerzos para luchar contra ese fenómeno' de la emigración clandestina, declaraba Midaui en diciembre ante la Cámara de Consejeros (Senado). 'Movilizamos helicópteros, aviones y hasta 100.000 soldados'. Deseoso de demostrar que no permanece de brazos cruzados, Rabat dio, en febrero, por primera vez, la cifra de los magrebíes y africanos detenidos en el año 2000 cuando intentaban salir ilegalmente del país: 9.000 personas.

La realidad es que en un país con una renta per cápita 14 veces menor que la española, con un alto índice de paro urbano, golpeado hasta hace poco por una prolongada sequía y por el que transitan además inmigrantes subsaharianos, cada marroquí y cada africano que cruza el estrecho de Gibraltar es un problema menos para el Gobierno. De ahí que sus esfuerzos de control sean mínimos.

Para las autoridades marroquíes, la culpa de la inmigración clandestina la tienen, por un lado, los países de la UE, 'que imponen condiciones drásticas para la concesión de visados' y obligan a las personas a buscar otros cauces para entrar en Europa. De otra parte, las empresas fomentan el fenómeno 'para explotar así una mano de obra barata'.

La solución al problema, explicaba Midaui en el Senado, 'no debe ser vista bajo el prisma de la seguridad, sino mediante el fomento del desarrollo económico y social' de Marruecos, en el que Europa debe jugar un papel relevante.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 19 de marzo de 2001