Anticorrupción investiga el fraude de la patronal gallega en cursos de empleo

Jiménez Villarejo puso como ejemplo de su denuncia a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Defensa de la Competencia, el Consejo Consultivo de las Privatizaciones y las tres administraciones (central, autonómica y local). 'Algo falla en las estructuras de la Administración pública cuando nos vemos obligados a actuar a través de noticias que se publican en los medios de comunicación', dijo Jiménez Villarejo durante un encuentro con la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE).

El fiscal Anticorrupción puso varios ejemplos, como el del supuesto uso indebido de fondos comunitarios para formación en Galicia por parte de la Confederación de Empresarios, cuyo presidente y secretario general dimitieron como consecuencia de un agujero en las cuentas de la patronal de 1.000 millones de pesetas. 'No hemos recibido ni una denuncia de nadie', dijo el fiscal Jiménez Villarejo, quien confirmó que ha decidido abrir diligencias informativas en relación al caso de la patronal gallega.

Esa falta de iniciativa en la detección de delitos económicos se produce en las tres administraciones: central, autonómica y, 'no digamos', la local, explicó el fiscal.

La única salvedad es la investigación sobre el mal uso de subvenciones europeas, como las destinadas al lino, 'donde parece adivinarse la voluntad de avanzar por el impulso de la UE'. Al respecto dijo que le parecía 'muy bien' que la ex ministra de Agricultura Loyola de Palacio se hubiera adelantado a la Fiscalía en la denuncia presentada.

Pactos en las petroleras

Otras salvedades son la Agencia Tributaria -'con la que existe una relación muy positiva'-, el Banco de España, en el servicio de prevención del blanqueo de dinero, y el Tribunal de Cuentas. El resto es un erial que Jiménez Villarejo centró en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), de quien 'sólo nos ha llegado un caso en cinco años', es decir, desde que funciona la Fiscalía Anticorrupción como tal. Se sorprendió en concreto de que en 'un sector donde se mueven miles de millones [el mercado bursátil] no hayamos recibido denuncias sobre uso de información privilegiada'.

Tampoco de los órganos de defensa de la competencia que dependen del ministerio de Economía le ha llegado a Jiménez Villarejo 'más que uno o dos asuntos'. Y 'ni uno sólo' del Consejo Consultivo de las Privatizaciones sobre todo el proceso de venta de empresas públicas. Tampoco de la Administración central sobre casos de incompatibilidad de altos cargos. 'Hay una losa o pacto de silencio' en aquellos servicios de inspección de la Administración pública cuyo cometido es detectar casos de corrupción, pero que 'dejan mucho que desear', señaló el fiscal.

En cuanto a Defensa de la Competencia, Jiménez Villarejo explicó que está concluida la investigación sobre posible acuerdo de precios entre las tres grandes petroleras (Repsol YPF, Cepsa y BP). 'Ahora hay que tomar decisiones', dijo Jiménez Villarejo. En concreto, presentar una querella ante la Audiencia Nacional o archivar el caso.

Si en muchos aspectos lo que hay es una niebla espesa, en otros la Fiscalía Anticorrupción lo que sufre es un veto. Jiménez Villarejo se refirió al proceso que sigue en la Audiencia Nacional por las cesiones de crédito del Banco Santander, en el que el fiscal dijo haber reclamado hasta tres veces y sin éxito las competencias para actuar. Se quejó de que corresponda al Fiscal General del Estado decidir al respecto y se mostró partidario de que la distribución se fije por ley.