España devolvió a Bruselas 4.600 millones en 1998 por irregularidades

La Comisión Europea mostró esta semana su preocupación por la continua aparición de nuevos casos de irregularidades en España en la gestión del Fondo Social Europeo (FSE). La Dirección General de Empleo tiene abiertos tres expedientes por presunto uso indebido de las subvenciones comunitarias para financiar programas de formación en Cataluña, la Comunidad de Madrid y Galicia. La última carta pidiendo la actuación de las autoridades españolas fue remitida el miércoles.

El FSE es un instrumento clave para apoyar la política de creación de empleo en la Unión Europea. Por eso, Bruselas no tolera que se haga un uso irregular del mismo. La Comisión no descarta que, ante la proliferación de casos de desviación de fondos, se esté ante un problema de gestión por parte de la unidad administradora del FSE en Madrid, aunque por ahora no quiere dar la voz de alarma.

El primer caso grave relacionado con el FSE se detectó en 1996. En el ojo del huracán estuvieron los sindicatos, la patronal y la Fundación para Formación Continua (Forcem). La Comisión y el Gobierno español saldaron el problema con la devolución de 4.700 millones de pesetas, tras admitir su uso indebido sobre un total de 22.000 millones bajo sospecha. Entonces no hubo escándalo político y su resolución pasó inadvertida.

Nuevos casos

Pero los problemas de malversación de fondos comunitarios destinados a mejorar la formación de los parados continúan cuatro años después. El caso Pallerols (uso indebido de fondos comunitarios por academias de empresarios vinculados a Unió) despertó un revuelo político en España que hizo intervenir de inmediato a la Comisión. Los servicios de la comisaria europea de Empleo, Anna Diamantopoulou, decidieron inicialmente bloquear 10.000 millones de pesetas del programa de ayudas a la formación de parados en Cataluña (1997-1999).

Tras llegar a un acuerdo con las autoridades catalanas, Bruselas liberó inicialmente 4.000 millones de pesetas, después otros 5.000 millones que estaban siendo examinados por los servios de la Competencia y quedan otros 1.000 millones a la espera de que las autoridades españolas den garantías del uso de esos fondos.

A la lista se sumó el presunto desvío de fondos adjudicados al Instituto Municipal de Empleo de Madrid para realizar cursos de formación en las prisiones. La Comisión Europea todavía sigue esperando, después de un mes de haber pedido explicaciones por escrito a Madrid, una respuesta.