El Tribunal de Cuentas investiga el uso de fondos públicos para formar parados

El Gobierno central, urgido por la Unión Europea, investiga los supuestos casos de fraude que han trascendido a la opinión pública. El Tribunal de Cuentas mantiene bajo su lupa la actividad del Forcem (Fundación para la Formación Continua) tras las múltiples anomalías detectadas en su fiscalización de los ejercicios 1993 a 1995, según responsables del órgano fiscalizador.

Ahora investiga el destino de todo fondo público invertido en formación continua de 1996 a 1998 y cuantas consultorías y asistencias técnicas contrató el Forcem. Algunas de las irregularidades detectadas en el anterior informe dieron lugar a causas penales y originaron drásticos cambios administrativos en el manejo de los fondos públicos.

Doble condición

Así, el Forcem ya no gestiona el pago de los cursos, sino que simplemente tramita las solicitudes al INEM, que se encarga de pagarlos previa aprobación en una comisión tripartita (Administración, sindicatos y patronal). Pero persiste un punto envenenado: miembros del patronato rector del Forcem figuran en las sociedades o fundaciones que ejecutan y cobran las subvenciones para los cursos. Una miembro del Forcem que reúne esta doble condición de gestora de los cursos de esta entidad y responsable de organismos que los imparten no ve nada anómalo en ello.

'Está todo acotado porque hay un presupuesto de 1.500 pesetas/hora por alumno, y no es posible hacer negocio con ello', afirma. La experiencia de las patronales gallega y valenciana demuestra que sí se puede hacer negocio con la formación de trabajadores con fondos públicos.

EL PAÍS ha solicitado tanto a Forcem como al INEM un listado de las sociedades últimas perceptoras del dinero de los cursos y las dos entidades aseguran que no disponen de esa información.

Una de las mejoras planteadas en la metodología del Forcem tras el varapalo del Tribunal de Cuentas consiste en permitir una sola subcontratación de los cursos, para evitar que se oculte quiénes son sus beneficiarios últimos. Y esto es importante en una entidad como el Forcem, que tramita un presupuesto que ronda los 100.000 millones de pesetas anuales, de los que un 80% procede de las aportaciones de la nómina de los trabajadores y el resto del Fondo Social Europeo.

El Tribunal de Cuentas señaló en su anterior informe el riesgo de que patronal y sindicatos contratasen para impartir los cursos a sus sociedades o fundaciones: 'No hay constancia de concurrencia de ofertas', lo que permitiría abaratar costes, y hay 'el riesgo de que el precio contratado esté sobrevalorado', advierte.