El Inem detectó que 36.000 empresas que pidieron subvención para formar a parados no existían

La juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios tiene indicios de que al menos 36.000 empresas de las 228.000 que en 2001 solicitaron subvenciones de la Unión Europea para realizar cursos de la Fundación para la Formación en el Empleo (Forcem) ni siquiera existen, según se desprende de las investigaciones de la Brigada de Policía Judicial de Delitos Económicos. Fuentes jurídicas que informaron ayer sobre estos hechos calificaron el fraude de 'incalculable', porque sólo en 2001 se subvencionaron por la Unión Europea en España 159.000 cursos, en los que se matricularon dos millones de alumnos. Estas subvenciones se conceden directamente y después se justifican, por lo que el fraude que se investiga podría variar en cada empresa implicada. Así, en unos casos puede haber aumentado artificialmente el número de sus alumnos para percibir la ayuda, no haber impartido el curso o que la propia entidad ni siquiera exista y se creara para cobrar la subvención.

El sistema de control de estas ayudas es similar al utilizado con las subvenciones europeas al cultivo del lino, fraude que también se investiga en la Audiencia Nacional. Se realizan controles del 5% del total de los cursos impartidos. La Brigada de Investigación de la Seguridad Social, de la Policía Nacional, detectó un fraude en el 95% del porcentaje investigado, por lo que la denuncia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional presentada en julio a partir del informe policial estimó la cuantía del fraude en un 15% del total de los 630 millones de euros recibidos de la Unión Europea en 2001, lo que asciende a 95,4 millones de euros.

Por este motivo, el grupo policial adscrito a la causa considera que serían necesarios tres años de trabajo para delimitar el fraude en su conjunto, periodo de tiempo en el que el Juzgado Central de Instrucción número 3, en el que recayó la denuncia fiscal, necesitaría ser reforzado para poder seguir atendiendo la demás causas que instruye, entre las que se encuentra Gescartera.

Declaración de imputados

De momento, la policía entregará un listado de personas con responsabilidad en la causa, a las que la juez tomará declaración como imputadas. En la denuncia presentada en julio por la fiscalía por los delitos de fraude a los intereses de la Unión Europea, apropiación indebida y falsificación documental, se pedía que declararan unas 50 personas, la mayoría sindicalistas o empresarios, en principio en calidad de testigos.

Además, al igual que en el caso que instruye el juez Baltasar Garzón por un supuesto fraude en las subvenciones europeas al cultivo del lino, probablemente se ofrecerán acciones a la Abogacía del Estado y a la Comisión Europea para que ejerzan la acusación en la causa, la primera en representación del Estado y la segunda de la Unión Europea, que sería la principal perjudicada en el fraude.

En cualquier caso, hasta el año 2000 el órgano encargado de fiscalizar las subvenciones para la formación era el Tribunal de Cuentas, y ese año pasó a depender del Inem. El Tribunal de Cuentas ha denunciado numerosas irregularidades en la gestión de 1.800 millones de euros entre 1996 y 1998 por parte del Forcem.

La denuncia de la fiscalía cuenta con alrededor de cincuenta expedientes extendidos por el Inem con unos 10 cursos en los que se han detectado irregularidades, lo que supone una cifra aproximada de 500 cursos. Un portavoz del Inem evitó ayer confirmar las irregularidades al tratarse de un asunto con una investigación judicial abierta.La acción penal se dirige contra las entidades sindicales y empresariales (la Forcem la componen los sindicatos y la CEOE), que organizan este tipo de cursos directamente o bien a través de la subcontratación de otras empresas.

La competencia de la Audiencia Nacional viene determinada por la cuantía que alcanzaría el fraude y la grave repercusión que puede tener para la economía nacional, así como porque los cursos con irregularidades se han detectado en prácticamente todas las provincias españolas, entre las que se cuentan Cádiz, Valencia, Ciudad Real y A Coruña.