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Anticorrupción reclama investigar el fraude en los cursos de formación

La juez citará como imputados a seis responsables de academias

El fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, ha reclamado al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, asumir la investigación del caso del presunto fraude en los cursos de la Fundación para la Formación Continua en el Empleo (Forcem), que se tramita en el Juzgado Central 3 de la Audiencia Nacional, cuya titular es Teresa Palacios. En una carta dirigida a Cardenal, Villarejo alude a los precedentes de casos similares de fraudes en subvenciones europeas, como los del lino, las azucareras o el gasóleo, que fueron investigados por Anticorrupción.

La denuncia de las presuntas irregularidades en los cursos del Forcem fue realizada el pasado 10 de julio por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, y en la actualidad la Fiscalía de la Audiencia está personada en las actuaciones por medio de Blanca Rodríguez, si bien ésta había advertido a Fungairiño de la procedencia de que fuera Anticorrupción quien siguiera el caso.

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La juez Palacios ha citado a declarar en calidad de imputados para mediados de noviembre a seis responsables de academias de Valencia, Madrid y Barcelona, en las que dejaron de impartirse algunos de los cursos de formación subvencionados. Ninguno de ellos es conocido públicamente y Palacios tiene la intención de seguir llamando a responsables de academias según el criterio de menor a mayor responsabilidad en el presunto fraude.

No llamará a los organizadores de los cursos, asociaciones empresariales y federaciones de los sindicatos UGT y CC OO hasta que los responsables de las academias determinen la posible implicación de éstos en los delitos que inicialmente se imputan en la denuncia de la fiscalía: fraude a la UE, apropiación indebida y falsedades documentales. La magistrada tampoco llamará a declarar por el momento a alumnos, sean estudiantes o trabajadores, por considerar que sus declaraciones policiales son suficientes por ahora.

El fraude a la Unión Europea se ha cuantificado por fuentes de la investigación en alrededor de 100 millones de euros, de los más de 600 que concedió el año pasado la Unión Europea.

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