El Tribunal de Cuentas atribuye más anomalías en la formación a patronal y sindicatos vascos

La Fundación Vasca para la Formación Profesional Continua, Hobetuz, que se nutre con fondos del Inem, Gobierno vasco y UE, cometió las mismas irregularidades detectadas en la gestión de subvenciones públicas a escala nacional, según el Tribunal de Cuentas. La sanción que plantea este organismo, la devolución de 3,7 millones de euros al Gobierno vasco, supera incluso la fijada a los clientes de su equivalente estatal, Forcem (Fundación para la Formación Continua), forzados a reintegrar 2,1 millones. El Tribunal de Cuentas reprocha a Hobetuz haber financiado un curso sobre la paz para profesores de una ikastola privada.

Hobetuz manejó en el periodo auditado 67 millones de euros. La sanción propuesta, la devolución de 3,7 millones, casi equivale a toda la subvención recibida del Gobierno vasco (3,9 millones), a la que Hobetuz sumó otros 56,8 millones del Inem.

El principal reproche a Hobetuz que realiza el Tribunal de Cuentas y que da fundamento a su castigo es el siguiente: 'Hobetuz ha concedido durante los ejercicios 1996 a 1998 subvenciones a todas las entidades empresariales y sindicales que forman parte de su patronato, para el mantenimiento de la estructura técnica (28 técnicos de estas organizaciones empresariales y sindicales dedicados a la formación continua), por un importe de 2,6 millones, de los cuales 2,2 proceden de las subvenciones para la formación recibidas del Gobierno vasco'. 'Hobetuz no ha podido presentar ninguna justificación debidamente soportada de la aplicación dada a estos fondos al departamento de Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social del Gobierno vasco, ya que carece de elementos para ello, pese a lo cual el referido departamento no ha realizado objeciones sobre la falta de justificación de estos fondos, lo que denota una significativa falta de rigor en el control de estas subvenciones', denuncia el tribunal.

El capítulo de entidades beneficiadas por dicha inyección anual para mantenimiento de su estructura técnica es el siguiente: Confebask (1,3 millones), ELA-STV (597.000 euros), LAB (230.584), CC OO (252.000) y UGT (244.000). Dado que tal estructura técnica se traduce en el número de asesores que tiene cada entidad, el tribunal concluye que los más caros y, por tanto, los más beneficiados, son los de Confebask y ELA. La diferencia del coste anual por técnico oscila, por ejemplo, de los 51.000 euros que cuesta al erario público el asesor del sindicato nacionalista ELA, a los 33.000 que recibe el asesor de LAB, sindicato próximo a Batasuna.

'Doble financiación'

En la medida en que las acciones formativas y los gastos de funcionamiento de Hobetuz han sido financiados con transferencias del Inem y que el Gobierno vasco destinó a iguales fines fondos de la UE, a juicio del tribunal se ha producido una 'doble financiación' y, consecuentemente, un superávit. Una vez que se determine tal superávit, Hobetuz deberá reintegrar dicha cifra al Inem. En todo caso, de los datos ya conocidos sobre coincidencia de dinero del Fondo Social Europeo y del Inem debe devolver ya, al menos, otros 90.000 euros.

Al analizar cómo se han justificado los cursos brota otro reguero de anomalías: se imputan costes internos del beneficiario por encima de los costes reales en materia de personal, amortizaciones y suministros de bienes; presentación de costes externos bajo factura que no responden a operaciones reales (cursos que no se han impartido, por ejemplo); presentación de una misma factura para justificar subvenciones diferentes concedidas por la misma o distintas administraciones públicas en el mismo o en distintos ejercicios; justificación de costes externos con facturas con precios muy superiores al precio de mercado ('posible connivencia entre el beneficiario y la entidad que expide la factura').

El Tribunal de Cuentas exige reintegros a la ikastola privada Herri Ametsa Ikastola, unos 7.000 euros. Las anomalías son varias: 'El curso de educación en valores denominado bakegintza,que tiene por contenido unos encuentros por la paz, en opinión de este tribunal no se corresponde con los objetivos de la formación profesional continua subvencionada'. Herri Ametsa no aporta mucha luz en sus alegaciones. Asegura que se trata de 'acciones formativas diririgidas a indicar y enseñar a un profesorado muy específico, como es el de la enseñanza secundaria y bachillerato, cómo tratar a sus alumnos y enseñarles una serie de valores básicos sobre todo en estas edades conflictivas'.

El tribunal denuncia, además, que no existen ni acreditación de los alumnos asistentes ni diploma alguno. Más aún: entre los supuestos beneficiarios de los cursos, incluidos trabajadores de la cooperativa, figuran algunos que aseguran no haber asistido.