Rato anuncia cambios en la formación de trabajadores tras descubrirse el fraude

La difusión del amplio abanico de irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas en la gestión de los fondos públicos para formación profesional continua a través de las dos fundaciones que los tramitaron entre 1996 y 1998 (Forcem en toda España y Hobetuz en Euskadi) desencadenó ayer toda una retahíla de reacciones políticas, sindicales y empresariales.

- Rodrigo Rato. El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía apuntó que el Gobierno camina hacia 'una nueva definición de la formación continua'. 'Es uno de los temas que tiene el Ministerio del Trabajo en su cartera de aquí a diciembre, y es muy importante'. Recordó que hasta 1999 los únicos responsables de la gestión eran los agentes sociales, pero que desde entonces el Gobierno participa en el Forcem. Y valoró la importancia de esta cuestión: 'La formación continua no es ninguna tontería. Los recursos públicos que se dedican son muy importantes'. Anticipó que el Gobierno seguirá las recomendaciones emanadas del Tribunal de Cuentas.

- José Luis Rodríguez Zapatero. El secretario general del PSOE aseguró que le parecería un 'error claro' que tras el informe del Tribunal de Cuentas se abra un 'debate de deslegitimación' de las organizaciones sindicales o empresariales, si bien se manifestó a favor de que las irregularidades den lugar a la 'actuaciones oportunas'.

- Gaspar Llamazares. El coordinador general de IU pidió que los agentes sociales vean en el informe del Tribunal de Cuentas un acicate para la mejora 'cuanto antes' de los fondos que manejan para cursos y que se logre una gestión 'más clara, transparente y eficaz'. No obstante, pidió al Gobierno que no utilice esta fiscalización 'como materia de confrontación solapada' en su debate con los agentes sociales.

- Cepyme. El presidente de la patronal Cepyme, Jesús Bárcenas, aseguró que las irregularidades atribuidas a su organización en la gestión de fondos del Forcem son muy pequeñas respecto del total manejado, pero admitió que el sistema debe perfeccionarse.

- CC OO. Este sindicato, a quien el tribunal achaca 'sobrevaloración de profesorado y duplicidad de una factura', entre otros, rebajó tales irregularidades a 'discrepancias administrativas, que en ningún caso pueden ser consideradas como fraude o falseamiento'. Y emplazó al tribunal a que 'sea más objetivo en las conclusiones de sus informes y diferencie claramente las discrepancias de lo que son actuaciones fraudulentas'.