La Xunta revela un fraude de 93 millones en cursos para parados de la patronal

El Gobierno remite el caso a Anticorrupción

El Gobierno gallego había abierto una investigación el pasado noviembre, cuando el anterior presidente de la CEG, Antonio Ramilo, dimitió al descubrirse un agujero de mil millones de pesetas en las cuentas del organismo y se divulgaron las primeras noticias sobre el presunto desvío de fondos públicos de empleo para otras actividades de la patronal. En los últimos cinco años, la CEG recibió más de 3.200 millones de pesetas procedentes de partidas de la Unión Europea para la formación de parados que gestiona directamente la Administración autonómica.

Hasta finales de febrero, la Xunta aseguraba no haber detectado ninguna irregularidad, pese a las insistentes denuncias de la oposición, uno de cuyos diputados, el socialista Miguel Cortizo, llegó a exhibir en el Parlamento gallego una factura falsificada con cargo a los cursillos de empleo. La única respuesta del Ejecutivo autonómico fue requerir a Cortizo la entrega de los documentos en su poder, solicitud rechazada por los propios servicios jurídicos de la Cámara.

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El pasado 27 de febrero, este periódico y la Cadena SER revelaron que la patronal había desviado fondos de cursillos de parados para sufragar congresos, publicidad y otras actividades de la organización. La CEG usaba para justificar estos gastos un sistema de facturas dobles emitidas por sus proveedores habituales. Estas facturas se registraban con el mismo número e idéntico importe, pero en ellas figuraban conceptos distintos: en una se simulaban gastos relacionados con la organización de los cursillos y en la otra se consignaban pagos por compras de material para congresos o por inserción de publicidad de la CEG en los medios de comunicación. Fue entonces cuando la Consejería de Familia y Promoción de Empleo admitió la existencia de 'posibles irregularidades', aunque el presidente de la Xunta, Manuel Fraga, volvió a minimizar el caso alegando las 'pequeñas cantidades' que constaban en las facturas publicadas por este diario. Días después, la Fiscalía Anticorrupción anunciaba la apertura de diligencias sobre el caso.

Ahora, el Gobierno gallego reconoce por primera vez la gestión irregular de los fondos. La Consejería de Familia y Promoción de Empleo explicó ayer en un comunicado que el pasado 2 de marzo se dirigió al nuevo presidente de la CEG, Antonio Fontenla, elegido el día anterior, para reclamarle 'documentación complementaria justificativa' de los gastos originados por los cursillos de formación en los años 1998 y 1999. Las entidades que reciben esos fondos han de presentar anualmente una liquidación para detallar cómo han invertido el dinero que se le entrega con destino a esa clase de actividades. Tras el análisis de esa nueva documentación, señala la Consejería de Familia, se ha constatado que hay 93 millones de pesetas sin justificar. De ahí que el Gobierno gallego reclame a la patronal su devolución 'sin perjuicio de otras posibles actuaciones'.

La Xunta informó también de que ha enviado un escrito a la fiscalía anticorrupción para manifestarle su 'absoluta disponibilidad' a colaborar en la investigación emprendida. Al mismo tiempo, el Gobierno gallego recuerda que el Ministerio de Trabajo está revisando la documentación relativa a los cursillos con cargo al plan Forcem -formación de trabajadores en activo- organizados por la CEG en los últimos años para comprobar si en ese caso se han producido las mismas irregularidades. El nuevo presidente de la patronal gallega, Antonio Fontenla, también presentó la pasada semana una denuncia en el juzgado por la desaparición de numerosos documentos de los archivos contables del organismo.

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Sobre la firma

Xosé Hermida

Es corresponsal parlamentario de EL PAÍS. Anteriormente ejerció como redactor jefe de España y delegado en Brasil y Galicia. Ha pasado también por las secciones de Deportes, Reportajes y El País Semanal. Sus primeros trabajos fueron en el diario El Correo Gallego y en la emisora Radio Galega.

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