Anticorrupción investigará el fraude de los cursos de formación

La Fiscalía Anticorrupción investigará el fraude a la Unión Europea (UE) por los cursos de formación de la Fundación para la Formación Continua en el Empleo (Forcem), que se tramita en el Juzgado Central 3 de la Audiencia Nacional, cuya titular es la juez Teresa Palacios. El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, comunicó ayer su decisión al fiscal jefe anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, que se lo había reclamado, y al de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño.

En el oficio remitido ayer por Cardenal se señala que la Fiscalía del Estado se muestra conforme con que Anticorrupción asuma la competencia del caso relativo a los cursos de formación por tratarse de un supuesto fraude a los intereses económicos de la Unión Europea, por tratarse de cantidades de notoria importancia y porque el supuesto fraude, según informó ayer un portavoz de la fiscalía, se ha cometido en distintas provincias españolas, lo que, a juicio de Cardenal, entra de lleno en las competencias de la Fiscalía Anticorrupción.

Muchos procesos

Cardenal fue informado también de que el caso podría tener que ser desglosado en numerosos pequeños procesos, ya que de las investigaciones practicadas hasta el momento no se aprecia la existencia de una organización que dirigiera el presunto fraude, sino que en cada provincia existen numerosas personas que solicitaron las subvenciones para los cursos, sin relación aparente entre sí.

Ese hecho, según fuentes de la investigación, derivará previsiblemente en un desglose del proceso que actualmente se tramita en la Audiencia Nacional en muchos pequeños procesos que deberán ser juzgados en las audiencias provinciales correspondientes, salvo que se demostrase la existencia de esa organización que, al menos de momento, no aparece. De hecho, los presuntos fraudes del Forcem cometidos desde 1996 en adelante se han perseguido en las audiencias provinciales correspondientes al lugar en el que se solicitaron las subvenciones. Sólo respecto a las irregularidades relativas a los cursos subvencionados en 2001, el caso se ha iniciado conjuntamente en la Audiencia Nacional.

El fiscal del Estado no ha puesto pegas a ese desglose. 'No ha entrado en el fondo de la cuestión', según el portavoz de la fiscalía, quien precisó que, 'en cualquier caso, si es necesario solicitar el desglose, la iniciativa corresponderá a la Fiscalía Anticorrupción y no a la de la Audiencia Nacional'.

El caso, por tanto, si finalmente se produce el desglose, dejaría de ser competencia de la Audiencia Nacional que, por otra parte, en caso de mantener la unidad del caso, debería afrontar un macroproceso con infinidad de acusados, la mayoría sin relación entre ellos, ya que difícilmente se podría vincular, salvo por el presunto delito cometido, a los organizadores de un curso en Albacete con los de otro curso sobre otra materia distinta en A Coruña, por ejemplo.

El fraude a la Unión Europea por los cursos de formación se ha cuantificado por fuentes de la investigación en alrededor de 100 millones de euros, de los poco más de 600 millones que concedió la UE en 2001.

El escrito de denuncia de la fiscalía que dio origen al procedimiento judicial en curso denunciaba irregularidades detectadas en un muestreo sobre el 5% del total de los cursos que se financiaron en 2001 con subvenciones de la Unión Europea y que en muchos casos no se impartieron. Los investigadores descubrieron irregularidades en el 95% de la muestra.

Además, la policía consiguió acreditar también en una muestra mayor que entre el 5% y el 10% de los cursos que se subvencionaban ni siquiera se impartían.