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La policía descubre que miles de cursos a parados eran falsos

La Fiscalía denuncia fraude comunitario, apropiación indebida y falsificación de documentos

La Brigada de Delitos Económicos de la Policía Judicial ha interrogado a cientos de alumnos de los cursos de empleo subvencionados por la Unión Europea, los últimos en la provincia de Albacete, y ha descubierto que un importante porcentaje, entre el 5% y el 10%, de los cursos no se celebraban, según fuentes conocedoras de la investigación. De extrapolar la muestra recogida por la policía al total de los cursos -159.000 durante 2001- entre 10.000 y 15.000 cursos subvencionados con fondos europeos no se habrían impartido. El fraude, según las investigaciones policiales, puede alcanzar cifras muy importantes.

El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, deberá decidir si el caso lo investiga definitivamente la Fiscalía Anticorrupción, como parece probable, o la Fiscalía de la Audiencia Nacional, como ocurre hasta ahora.

La Fiscalía Anticorrupción ha decidido investigar un fraude similar detectado en el Ayuntamiento de Madrid, donde el Ministerio de Trabajo ha reclamado la devolución de 5,5 millones de euros al Instituto Municipal de Empleo por irregularidades en la gestión de fondos europeos para formar a parados. Anticorrupción ha reclamado al Ayuntamiento de Madrid hasta 22 expedientes de otros tantos cursos supuestamente nunca impartidos. Entre ellos, algunos relacionados con Instituciones Penitenciarias, que negó que las empresas contratadas por el Ayuntamiento hubieran entrado en las cárceles a impartir los cursos.

El fraude que investiga ahora la Audiencia Nacional puede alcanzar los 100 millones de euros, según fuentes jurídicas. Aunque la denuncia de la fiscalía por fraude comunitario (porque el dinero provenía de la UE), apropiación indebida y falsificación de documentos sólo afecta a cursos correspondientes a 2001, cuya gestión y control correspondía al Gobierno, a través del Instituto Nacional de Empleo (Inem), y a la patronal y a los sindicatos, a través del Forcem, no se descarta que la investigación se pueda ampliar a años anteriores.

La juez encargada de este caso es Teresa Palacios. Distintas fuentes aseguran que los interrogatorios a las personas implicadas en este supuesto fraude masivo en la gestión de fondos públicos pueden iniciarse en breve.

Las subvenciones para los cursos de formación se conceden directamente y después se justifican. Entre las irregularidades que la Brigada de Policía Judicial ha descubierto en su investigación destacan las referidas a un aumento artificial del número de alumnos para percibir la ayuda, la inexistencia en el registro de la empresa que impartía el curso o las facturas falsificadas.

Cuantía del fraude

La investigación policial se ha centrado en una muestra de cursos que suponían el 5% del total. En su análisis descubrió irregularidades de diverso tipo en el 95% de los cursos examinados.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional presentó su denuncia en julio pasado a partir del informe policial y estimó la cuantía del fraude en un 15% del total de los 630 millones de euros recibidos de la Unión Europea en 2001, lo que asciende a 95,4 millones de euros.

La policía considera que la amplitud del fraude obligará a una investigación de varios años. Además, el Juzgado Central de Instrucción número 3, en el que recayó la denuncia fiscal, necesitará ser reforzado para atender las demás causas que instruye, entre ellas la relacionada con el fraude de la agencia de valores Gescartera.

En el informe policial, según fuentes jurídicas, hay un detallado listado de personas que habrían tenido una responsabilidad directa en el fraude comunitario, a las que la juez debería tomar declaración como imputadas. Muchos empresarios y sindicalistas deberán declarar al menos en calidad de testigos para esclarecer las anomalías descubiertas en la gestión de los cursos de formación a parados.

La administración de dinero público para formar a parados o especializar a trabajadores en activo recaía hasta el año pasado en empresarios y sindicatos. A raíz de diversas irregularidades detectadas, el Inem entró en la gestión y control de esos fondos.

El Tribunal de Cuentas ha denunciado numerosas irregularidades en la gestión de 1.800 millones de euros entre 1996 y 1998 por parte del Forcem y ha reclamado a CEOE, los sindicatos CC OO y UGT y la fundación vasca Hotebuz seis millones de euros.

La denuncia de la fiscalía que investiga ahora la Audiencia Nacional cuenta con alrededor de 50 expedientes extendidos por el Inem con unos 10 cursos cada uno en los que se han detectado irregularidades.

El Inem evita de momento confirmar las irregularidades al tratarse de un asunto con una investigación judicial abierta.

La competencia de la Audiencia Nacional para investigar este caso viene determinada por la cuantía que alcanzaría el fraude y la grave repercusión que puede tener para la economía nacional, así como porque los cursos con irregularidades se han detectado en numerosas provincias españolas.

'¿Y la pregunta sobre el Forcem?'

El vicepresidente primero, Mariano Rajoy, utilizó ayer la ironía para responder a la petición del presidente de la CEOE, José María Cuevas, de que el PP resuelva cuanto antes la sucesión de José María Aznar a fin de evitar incertidumbre económica.Lo hizo en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, al final de una batería de preguntas sobre las afirmaciones que hizo ayer Cuevas durante un desayuno del Foro Nueva Economía.A pesar de que no se le había pedido opinión por el supuesto fraude cometido por los sindicatos y la patronal CEOE en los cursos de formación para trabajadores, Rajoy se hizo el despistado e insistió a la periodista: 'La última pregunta era del Forcem ¿no?', lo que provocó las risas de los presentes en la sala de prensa del Palacio de La Moncloa.Luego, lejos de entrar en el asunto de la sucesión de Aznar suscitado por Cuevas, siguió con la ironía: 'Yo creo que las elecciones en la CEOE fueron hace poco tiempo, el año pasado o por ahí y, en cualquier caso, ustedes entenderán que el Gobierno no debe entrar en los procesos de sustitución de las organizaciones sectoriales, sindicales o de otro tipo'.Tras destaparse las irregularidades en la gestión de fondos del Forcem, el vicepresidente segundo y ministro de Economía, Rodrigo Rato, y el ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, insistieron en la necesidad de aprovechar este momento para modificar el modelo de gestión de los fondos públicos.Zaplana anticipó que en las próximas semanas intentará negociar con los sindicatos y la patronal las características que deberá reunir el nuevo sistema de gestión de fondos públicos para formación de trabajadores y parados.Los sindicatos y la patronal han insistido en los últimos días que las irregularidades denunciadas por el Tribunal de Cuentas obedecen a discrepancias contables y que no suponen ningún fraude masivo ni apropiación indebida de fondos públicos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 19 de octubre de 2002

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