La patronal gallega justificó con facturas falsas cursos para formar parados

Antonio Ramilo, ex alcalde franquista de Vigo, antiguo senador de AP y firme aliado del Gobierno gallego y de su presidente, Manuel Fraga, para quien llegó a pedir el voto en las últimas elecciones, dimitió de su cargo tras culpar a su secretario general de todas las irregularidades financieras de la CEG. El secretario, Rafael Sánchez Sostre, había abandonado el puesto unas semanas antes, en el verano de 2000, cuando una auditoría interna reveló el desastroso estado de las cuentas de la entidad. Durante 1999, la CEG ni siquiera pudo cerrar su contabilidad, para lo que adujo un fallo en el sistema informático.

Desde 1996, la CEG recibió unos 3.200 millones de pesetas del Gobierno gallego para formación de parados, mientras que el Forcem - organismo público gestionado por sindicatos y patronal que subvenciona cursos para trabajadores- le entregaba unos 80 millones anuales.

Para la organización de esos cursos, Sánchez Sostre entró en contacto con el empresario José Manuel Lorenzo, quien, a partir de 1998, se encargó de aportar los locales y el material necesarios. Lorenzo comenzó a prestar servicios para la patronal con su empresa Euroges 97, constituida en 1996 y cuyo objeto social era el 'comercio al por mayor de materias primas agrarias, productos alimenticios, bebidas y tabacos'. En 1998, Lorenzo fundó otra empresa, Estudio Global de Gestión SL, oficialmente dedicada a actividades inmobiliarias y que se sumó a la prestación de servicios a la CEG para organizar cursillos.

A pesar de que la patronal disponía en su sede de Santiago de tres aulas para impartir cursos, Sánchez Sostre prefirió alquilar otros tres locales donde tienen su domicilio las empresas de Lorenzo. Por dos de esos locales, de 350 metros cuadrados y situados en el área comercial del polígono de viviendas de Fontiñas, la CEG pagaba un alquiler mensual de un millón de pesetas, cuando el precio medio, según agentes inmobiliarios consultados, es de 1.000 pesetas por metro. Lorenzo niega que el precio sea abusivo ya que, previamente, tuvo que hacer una fuerte inversión para acondicionar las aulas.

Facturas sin justificar

Muchas de las facturas a nombre de las empresas de Lorenzo que constaban en la contabilidad de la CEG no estaban debidamente justificadas. Este periódico tiene en su poder una decena de facturas duplicadas, que estaban incluidas en la contabilidad de la patronal con el mismo número de serie y la misma cantidad pero justificadas por diferentes conceptos. Ejemplo: la factura 23 / 98 de la empresa Estudio Global de Gestión, de 2 de septiembre de ese año, por un importe de 1.283.926 pesetas, figura en los archivos la CEG con dos versiones: 'materiales y logística, comidas y alquiler mobiliario y equipo informático', y 'alquiler de equipos informáticos, mobiliario, plantas y fax y mantenimiento fotocopiadora'. Lorenzo niega que su empresa emitiera facturas duplicadas: 'Alguien pudo copiar el modelo y hacerlo en un ordenador no sé con qué clase de interés'.

En la contabilidad de la CEG constan otras tres facturas (más de 16 millones) por servicios que nunca se hicieron. En enero de 2000, Estudio Global de Gestión pasó al cobro 10.036.404 pesetas por la contratación de personal para el proyecto Galem -fomento del uso del gallego entre los empresarios- que no se llevó a cabo. Lo mismo ocurrió con el plan Cooperación Net, por el que Lorenzo pasó dos facturas por 6.535.426 pesetas. El empresario afirma que nunca llegó a cobrar. Según su versión, la CEG le encargó esos trabajos y, cuando estaba con los preparativos, le pasó la factura con el presupuesto que necesitaba. Como los proyectos no siguieron adelante, Lorenzo asegura que anuló las facturas en la contabilidad de sus empresas.