El "desfase" que acabó con un veterano empresario

"Yo, como dijo López Bravo, un gran ministro de Franco, ya no soy noticia". Así se despidió, el pasado 28 de noviembre, Antonio Ramilo Fernández-Areal al anunciar su dimisión como presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) después de nueve años en el cargo. Ramilo, de 72 años, se tenía que retirar por la puerta de servicio para poner fin a una intensa y combativa carrera como político y como uno de los dirigentes históricos del movimiento empresarial español. Tanto en los cargos públicos como en los negocios, Ramilo nunca se mordió la lengua para enfrentarse a las "hordas marxistas", como él mismo llamaba a los piquetes que visitaban su factoría de granito con ocasión de las huelgas generales. Pero no fueron sus enemigos de la izquierda los que acabaron con él, sino el "desfase" -según su propia expresión- de 1.000 millones de pesetas aparecido en las cuentas de la CEG.

El escándalo no se conoció hasta finales de noviembre, pero se venía gestando desde principios de año, cuando los dirigentes provinciales de la patronal empezaron a conocer detalles de la catastrófica situación contable de la entidad. Se encargó, en primer lugar, una investigación interna y más tarde una auditoría exterior que descubrió el "desfase" de 1.000 millones. De ellos, unos 450 se habían ocultado sobrevalorando el valor de la sede de la CEG -un edificio del casco histórico de Santiago-, otros 200 correspondían a deudas incobrables y de unos 340 sencillamente se desconocía su destino. La primera víctima fue el secretario de la patronal, Rafael Sánchez Sostre, a quien Ramilo había contratado, según confesión propia, por amistad con su padre y al que acabó culpando de todas las irregularidades. Antes de trabajar para la patronal, Sánchez Sostre ya había estado implicado en la quiebra fraudulenta de una empresa de Vigo.

El secretario abandonó su cargo en el verano tan enfrentado con su antiguo mentor que incluso denunció a la CEG por despido improcedente, demanda que perdió. Ramilo resistió unos meses, hasta que el asunto saltó a la prensa a finales de noviembre y los presidentes de las cuatro organizaciones provinciales le forzaron a dimitir. La crisis sigue abierta y el próximo jueves se celebrarán las elecciones a presidente. Al ganador le espera toda una papeleta: aclarar y sanear las cuentas de la entidad, que hace meses ya tuvo que hipotecar la sede -costó 400 millones de pesetas y la Xunta le subvencionó el 40%- para salir del apuro.