La patronal gallega pagó sus congresos con dinero público para la formación de parados

El PSOE volvió a exigir ayer que una comisión del Parlamento gallego investigue el destino de los más de 4.000 millones de pesetas que recibió la CEG del Gobierno autonómico desde 1996.

Las facturas duplicadas se acumularon en los archivos de la CEG entre 1997 y 1999, cuando presidía el organismo Antonio Ramilo y la secretaría general la ocupaba Rafael Sánchez Sostre. Ambos abandonaron sus cargos hace unos meses tras descubrirse en las cuentas de la patronal un agujero de 1.000 millones de pesetas. Además de las facturas con el mismo número, el mismo importe y distinto concepto registradas en la CEG a nombre de las empresas de Santiago de Compostela que le alquilaban los locales y el material para los cursillos de formación (ver EL PAÍS de ayer), la patronal también usó documentos duplicados de modo similar a nombre de otra de firma de A Coruña, Cares de Marketing y Comunicación S.A, uno de sus proveedores habituales.

De las 16 facturas dobles a nombre de Cares que tiene en su poder este periódico se deduce que la CEG simulaba gastos en material para los cursos de formación que en realidad se destinaban a actividades particulares de la patronal. Así, en noviembre de 1999, la CEG se gastó 1.800.000 pesetas en la compra de diverso material (paneles, acreditaciones, maletines ... ) para un congreso denominado Atlantic Media y que ya contaba con una subvención de la Unión Europea. Esos gastos aparecen repartidos entre seis facturas de la empresa Cares cada una de las cuales tiene su respectiva gemela: el mismo número y el mismo importe, pero, en este caso, justificadas como compras de material de oficina para los cursillos del plan FIP (formación intensiva de parados), cuyos fondos distribuye el Gobierno gallego.

De hecho, esas mismas facturas figuran, bajo el epígrafe 'material didáctico', en la liquidación presentada por la CEG ante la Consejería de Familia y Empleo de la Xunta para justificar el destino de los fondos para cursillos que la Administración gallega le entrega en anticipo (la patronal recibe por ese concepto unos 600 millones de pesetas anuales).

Factura con texto

Gastos similares se cargaron también a los planes del Forcem en 1998, según demuestran otras seis facturas con sus correspondientes duplicados que suman cerca de dos millones de pesetas. El dinero que se imputa a gastos de los cursillos sirvió en realidad para pagar anuncios de la CEG en periódicos y revistas o editar manuales que se distribuían entre los empresarios. Adjuntada a una de esas facturas hay un tarjetón con el anagrama de Cares, dirigido a la CEG, en el que está escrito a mano: 'te envío factura del 98 con el texto que me habías pedido'.

Una de estas facturas duplicadas ya fue exhibida la pasada semana en el Parlamento gallego por el diputado socialista Miguel Cortizo durante una comparecencia de la consejera de Familia, Manuela López Besteiro, para informar sobre el escándalo financiero de la CEG. López Besteiro mantuvo que su departamento ha ejercido un control 'modélico' sobre los fondos entregados a la patronal.

Después de que el pasado noviembre se conociese el catastrófico estado de las cuentas de la CEG y se publicaran las primeras sospechas sobre el destino dado a los fondos públicos de empleo, el PP rechazó una solicitud del PSOE para constituir una comisión parlamentaria de investigación. Los socialistas han vuelto a reiterar la petición, mientras el BNG reclamaba ayer la intervención del tribunal autonómico de cuentas.

El PSOE acusa al Gobierno

El Gobierno gallego alega que ya está en curso una investigación realizada por interventores de la Xunta. Sin embargo, Cortizo acusó a la Administración autonómica de pretender 'encubrir' la gestión del anterior presidente, Antonio Ramilo, dimitido el pasado 28 de noviembre tras la divulgación del escándalo. En los nueve años que presidió la patronal, Ramilo, que durante la transición fue senador de Alianza Popular, no se recató en pedir el voto para el PP y en aplaudir a Fraga por reconsiderar su anunciada jubilación de la política.

Desde 1996, la Xunta entregó a la CEG 3.200 millones de pesetas para cursillos de empleo y otros 796 por subvenciones directas que le concedieron varias consejerías, según datos facilitados en el Parlamento por el propio Gobierno gallego. Esas ayudas se utilizaron para los fines más diversos: desde la rehabilitación del edificio del casco histórico de Santiago donde la CEG construyó su sede -la Consejería de Economía le concedió para ello, en 1996, 310 millones de pesetas- hasta el pago de las nóminas del personal, directamente subvencionadas por la Xunta. A pesar de ello, la situación financiera de la patronal alcanzó un punto dramático en 1999, cuando sus acreedores se contaban por docenas -desde buena parte de los restaurantes de Santiago hasta el bar que le servía los cafés o el quiosco que le vendía la prensa- y casi todas sus cuentas bancarias tenían descubiertos. La elección para designar al sucesor de Ramilo se celebra mañana. El candidato con más posibilidades de triunfo, Antonio Fontenla, declaró ayer a la cadena SER que los que han falsificado facturas en la patronal son unos 'delincuentes' y que si se comprueban los hechos los denunciará en los tribunales.