La UE solicita al Gobierno español que investigue el uso indebido de fondos para formación en Galicia

Los servicios de la Dirección General de Empleo de la Comisión Europea reaccionaron ayer ante la presunta desviación de fondos públicos destinados a la formación de parados en Galicia y enviaron una primera carta a la unidad administradora del Fondo Social Europeo (FSE) en España. En la carta se exige que se pongan en marcha los mecanismos adecuados para aclarar el supuesto fraude. Bruselas quiere saber en concreto si esas irregularidades afectan a fondos comunitarios. Si así se demuestra, Bruselas bloqueará las ayudas pendientes, como lo hizo en el caso Pallarols y en 1996 con el Forcem.

La carta que salió ayer desde Bruselas es similar a la enviada a primeros de mes a las autoridades españolas sobre la presunta gestión irregular de los fondos adjudicados al Instituto Municipal de Empleo de la Comunidad de Madrid para cursos en las prisiones, que todavía no ha tenido respuesta.

Los servicios de la comisaria europea de Empleo, Anna Diamantopoulou, quieren información precisa sobre las posibles irregularidades detectadas y lo antes posible. La Comisión Europea recuerda a las autoridades españolas que están obligadas a 'informar de inmediato en el momento en el que tienen sospechas de la gestión irregular de fondos europeos'. La unidad administradora del FSE tiene que verificar si estas nuevas actuaciones irregulares afectan a programas cofinanciados por la UE. Si es así, Bruselas procederá a bloquear la asistencia comunitaria y pedirá la devolución de los fondos defraudados.

Bruselas no descartó que se estén produciendo 'fallos' en los sistemas de gestión de la unidad central de administración del FSE ante los casos que están surgiendo, aunque de momento prefieren no pensar en un problema generalizado en toda España.

La Comisión Europea decidió actuar de inmediato porque todavía tiene muy presente el caso Pallarols en Cataluña, del que permanecen bloqueados aún seis millones de euros del FSE que fueron cofinanciados por la Generalitat entre 1994 y 1999. Bruselas todavía no tiene garantías de las autoridades españolas de que los fondos se destinaron a la formación de parados.

Por su parte, la Xunta admitió ayer la existencia de 'posibles irregularidades' en la gestión de los fondos de empleo por parte de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG). El Gobierno gallego asegura que los hechos ya fueron puestos en conocimiento de la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo y del Ministerio de Trabajo, las entidades de donde procedía el dinero gestionado por la patronal para los cursillos de formación.

La Consejería de Familia y Promoción de Empleo de la Xunta informó ayer en una nota que ya ha podido comprobar que todos los cursillos encargados a la CEG se realizaron y sus profesores cobraron los salarios. De ahí que las 'posibles irregularidades', según la Xunta, 'se concentrarían en los gastos de funcionamiento de algunos cursos, y, aún dentro de éstos, afectarían sólo a algún proveedor concreto y, en todo caso, a los gestores de la CEG en su centro de Santiago'.

Este periódico ha podido comprobar que en los registros de la patronal se hicieron constar facturas falsas o duplicadas a nombre de al menos tres empresas de Santiago y otra de A Coruña, proveedoras habituales de la organización. Con esas facturas, se justificaban gastos en material para los cursillos que en realidad correspondían a actividades particulares de la CEG, como congresos, anuncios y publicaciones. En el caso de las tres empresas de Santiago, su administrador, José Lorenzo, tenía una estrecha relación personal con el ex secretario general de la CEG, Rafael Sánchez Sostre.

El Gobierno gallego abrió una investigación el pasado noviembre. Los interventores de la Xunta están analizando ahora la contabilidad. Como 'medida preventiva', el Gobierno gallego ha retenido 103 millones de pesetas que correspondían a la CEG en 2000, 'sin perjuicio', apunta la nota, 'de otras actuaciones que podrían resultar de las investigaciones'. El PSOE también ha pedido que una comisión del Parlamento autonómico indague el asunto.