Agricultura inicia en Cataluña el plan para destruir 180.000 reses antes de fin de año

La eliminación de las reses servirá para sanear los rebaños y evitar la caída de los precios pero con esta medida se impide también conocer el estado epidemiológico de la cabaña española puesto que estos animales no pasarán las pruebas de detección priónica. El ministro Arias Cañete dijo ayer que se ha empezado con lentitud porque 'los ganaderos no han confiado en la idoneidad de este esquema para reducir la oferta de carne en los mercados', pero señaló que ya están recibiendo 'ofertas significativas' de otras comunidades.

El FEGA ha autorizado 24 mataderos en España para sacrificar estas reses. Dos de ellos en Cataluña, la primera comunidad que ha comenzado este proceso por el cual el Ministerio, a través del FEGA, compra las reses para su eliminación. A partir de ahora se sacrificarán entre 1.000 y 1.500 bovinos cada mes en estos mataderos catalanes.

El de La Seu d'Urgell (Lleida) y el de la Vall d'en Bas (Girona) matarán, como máximo, un total de 80 animales dos y tres días a la semana, respectivamente. Estos bovinos, que no pasarán el test priónico, serán sacrificados por el método habitual, es decir, mediante un tiro en la nuca con una pistola homologada que causa la muerte del animal al instante, según explicaron los gerentes de los mataderos. Los bovinos sacrificados ayer tenían desde 30 meses hasta 10 años y procedían de explotaciones de comarcas leridanas, la Cerdanya, el Ripollès y Osona, principalmente.

Después del sacrificio, solamente se aprovecha la piel de estos animales para la elaboración y comercialización de cuero. El resto se trata como material específico de riesgo (MER) y se traslada el mismo día a una planta de transformación de la empresa GREFACSA, en Térmens (Lérida) para convertirlo en harinas. El proceso de transformación consiste en triturar los restos de los animales hasta conseguir una pasta líquida que se somete a 133 grados de temperatura y a tres barios de presión, de forma que se inactiva el prión.

A continuación, las harinas se trasladan a cuatro vertederos controlados situados en Vacarisses, Els Hostalets de Pierola, Santa Maria de Palau Tordera (Barcelona), y Reus (Tarragona). El Departamento de Medio Ambiente explicó que las harinas permanecerán en estos vertederos hasta que no se llegue a un acuerdo con las cementeras para que puedan incinerarlas.

La solicitud que los ganaderos deben presentar para que el Ministerio se haga cargo de las reses hace constar que los animales son mayores de 30 meses y que han permanecido en territorio español los últimos seis meses como mínimo. La petición se acompaña del documento de identificación para bovinos y de un aval de 50.000 pesetas por cada vaca que se vende al FEGA como garantía de que será llevada al matadero, según explicaron fuentes del sector. El aval se devuelve al ganadero poco tiempo después del sacrificio mientras que el animal no se paga hasta unos meses más tarde.

La incineración de las reses de más de 30 meses no es, sin embargo, la gran preocupación del sector. Lo que les desvela es la 'escasa capacidad' que tiene España para congelar la carne de terneros previa intervención pública. El presidente de la Asociación de Criadores de Vacuno de Carne, (Asovac), Alberto Juanola, dijo ayer que España sólo tiene capacidad para congelar unas 5.000 toneladas quincenales de tal forma que otras tantas ya licitadas por Europa pueden perderse. España ha pedido licitar 33.000 toneladas.

Los ganaderos piden además al ministro que consiga en Europa la intervención pública de las terneras puesto que hasta ahora sólo pueden congelarse los machos 'y son las hembras las que menos aguantan en la granja porque su carne se vuelve más grasa y pierde calidad', explicó Juanola.

Por otra parte, el Consejo de Ministros aprobó ayer un Real Decreto-Ley para agilizar los trámites que permitan utilizar las harinas de origen animal como combustible. Mediante esta nueva norma, consensuada con las comunidades autónomas, podrán utilizarse harinas transformadas que ya no contienen ningún agente contaminante y las harinas que no estén consideradas material específico de riesgo.

Estas harinas podrán usarse como combustible en hornos de cementeras o de productos cerámicos o bien en centrales térmicas sin necesidad de una autorización de la comunidad autónoma. La autorización podrá extenderse a los altos hornos en comunidades como Asturias.