Una incineradora de 'vacas locas' actúa sin registro y en condiciones de inseguridad

La planta de Rebisa tiene casi veinte años de antigüedad, pero ahora se ha hecho necesaria para atender las necesidades de Castilla y León por causa del mal de las vacas locas. Apenas se había renovado y cada vez tenía más problemas con su entorno. Un vistazo a la fábrica revela los efectos del paso del tiempo: depósitos quemados que siguen en funcionamiento junto a otros de segunda mano, que se distinguen por su diferente color y por las abolladuras, restos de maquinaria inservible, situación que describe un reciente informe de Seprona de la Guardia Civil: 'En la parte posterior de las naves existe una explanada de terreno en la que se encuentran dos camiones de desguace calcinados y se observa un montón de grasas animales ardiendo, las cuales desprenden a la atmósfera humos y olores desagradables'.

El informe del Seprona, con fecha de 28 de noviembre, detallaba otras deficiencias: 'Por el lateral derecho de la empresa existe un camino de tierra, y al otro lado del mismo discurre el cauce del río Valdearacos, afluente más abajo del río Esla. En el cauce de este río y sumergido en el agua se observa una tubería por la cual se está vertiendo continuamente una sustancia de color rojo que parece ser sangre de animales. Esta tubería cruza el camino por debajo y entra en una nave de la empresa Rebisa'.

Al saberse de las nuevas actividades de la planta, los vecinos del lugar, liderados por su alcalde, el socialista Matías Llorente, quien además es secretario general del sindicato UPA (Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos) de León, comenzaron su contencioso con la Junta. Según ellos, la fábrica no está preparada para eliminar priones, contamina, y almacena las harinas en su exterior sin apenas control. Lo que nadie discute es que la actividad de esta planta se ha multiplicado en las últimas semanas. La planta tiene 17 trabajadores, según uno de sus propietarios, Santos Vega. 'Antes sólo trabajábamos para la provincia de León, pero ahora lo hacemos para toda Castilla y León. Nuestra actividad se ha multiplicado', reconoce, 'porque antes quemábamos de promedio unas diez vacas al día y ahora lo hacemos con unas cuarenta'. El Día de León describía cómo en una jornada se quemaban, además, entre 150 y 200 ovejas, entre 15 y 20 terneros y alrededor de 20 cerdos. Todo ello sin contabilizar los materiales de riesgo procedentes de 214 mataderos.

El alcalde quiere que se cierre cautelarmente, pero la Junta no está dispuesta a ello. Y el asunto ha llegado al juzgado. El juez ha decidido pedir una prueba pericial a un catedrático de Ecología de la Universidad de León, Estanislao Luis Calabuig, para que, en el plazo de 15 días, determine si contamina y, también, si 'las instalaciones de la empresa Rebisa, en su estado actual, son o no aptas para la destrucción del agente patógeno de la encefalopatía espongiforme transmisible que pudiera estar presente en los animales en ella reciclados'.

Donde surge la sorpresa es en el comportamiento de la propia Junta, aparentemente dispuesta a mantener la actividad a cualquier precio, sin importar caer en evidentes contradicciones. La delegación territorial de León envió un escrito a la empresa, en el que se le describe que 'se han observado ciertas deficiencias en el desarrollo de la actividad' y se le comunica que deberá subsanar hasta siete. El escrito, firmado por el jefe del servicio territorial, José Luis Blanco, detalla estos problemas. Entre ellos, que deberá 'disponer de libro de registro de entradas y salidas de materiales especificados de riesgo conforme establece el decreto 259/2000' y proceder a la 'inscripción en el registro de pequeños productores de residuos peligrosos'. Este escrito lleva fecha del 11 de diciembre de 2000.

Pues bien, el 23 de enero de 2001, la Consejería de Medio Ambiente, a través de un escrito de la directora general de Calidad Animal, Silvia Clemente Municio, dice justamente lo contrario aludiendo a los mismos decretos. Dice el escrito que se anula la necesidad de llevar un libro de registros, y dice también que 'no procede' su inscripción 'toda vez que los residuos generados en la actividad principal de su industria procedente de la transformación de animales muertos y desperdicios de origen animal no tienen la consideración de residuos peligrosos'.

Los vecinos de la localidad sospechan desde hace tiempo. 'Rebisa elaboraba harinas animales, que luego vendía. Ahora elabora harinas que no puede vender. Si no tiene libro de registros, ¿cómo podemos saber dónde han ido esas harinas?', se pregunta el alcalde. 'Tenemos libro de registros y se lo enseñaremos a quien nos lo pida', dice uno de los propietarios. 'Antes vendíamos las harinas. Las que hacemos ahora, claro está, se llevan a unos vertederos controlados en Valladolid y en Madrid'. Las harinas han estado almacenadas a la intemperie durante varios días, según relatan los vecinos del lugar. Sin embargo, ante la visita del perito han sido rápidamente retiradas. La suerte de esta incineradora, una de las cinco con que cuenta España para eliminar los productos de riesgo de los animales, depende del Juzgado número 1 de León.