Un principio sin razón

A la vista de los problemas que ha generado el criterio de impedir la compra de empresas españolas por parte de compañías públicas europeas habría que pedir al Gobierno que reconsiderase la aplicación de dicho principio, convertido en norma legal en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos del año 2000, y procediese a su derogación. La frustrada operación de KPN y Telefónica, en la que legalmente se aplicó el derecho de veto del Gobierno (golden share) para impedir la fusión del grupo público holandés con Telefónica, y el carnaval de ofertas y contraofertas sobre el grupo eléctrico Hidrocantábrico, en las que el Gobierno ha anunciado su oposición a la presentada por la empresa pública portuguesa EDP, demuestran que, más que una limitación que ayude a las empresas españolas, es un engorro que genera agravios políticos y conflictos con las autoridades comunitarias. El último y más grave es la seria advertencia de la Comisión Europea al Gobierno español de que un veto como el que sugirió Rodrigo Rato a la oferta de adquisición de EDP tendrá que justificarse por 'intereses legítimos' y, desde luego, pedir permiso a Bruselas.

Tiene razón la Comisión Europea al frenar los intentos de los Gobiernos nacionales de cerrar sus mercados. Es verdad que la restricción impuesta a las empresas públicas extranjeras es coherente con el programa de privatizaciones ejecutado en España; pero parece un criterio superior, por encima de esa coherencia, el principio de libertad de mercado. Los accionistas no entienden de diferencias entre sector público y privado; pierden dinero porque el valor de una compañía en el mercado se deprecia si se sabe que sólo muy pocas empresas pueden comprarla. Se da la circunstancia agravante de que en Europa las empresas eléctricas más importantes, como la francesa EDF o la alemana RWE, tienen capital del Estado. Con vetos y prohibiciones poco justificadas en términos de rentabilidad, el resultado puede ser que las empresas energéticas españolas sean compradas por los grupos menos solventes.

La limitación al capital público europeo es todavía más incomprensible si se tiene en cuenta que las grandes empresas españolas, como Endesa, Telefónica o Repsol, compraron, cuando todavía eran públicas, muchas compañías privatizadas en Latinoamérica sin que nadie impidiera tales operaciones. Gran parte de la excelente posición inversora de España en el exterior se debe precisamente a la absoluta libertad con que pudieron operar en mercados recién privatizados. Las barreras legales españolas están, pues, fuera de lugar y de razón.