Un juez mexicano ordena la extradición a España del torturador argentino Cavallo

La siguiente decisión, dentro de un plazo de 20 días, corresponde al secretario (ministro) de Exteriores, Jorge G. Castañeda, que probablemente secundará el fallo. El titular de la cartera, en una reciente entrevista con este diario, prometió no oponerse a la decisión del juez. 'Si el juez determinara que la solicitud de extradición presentada por España se ciñe al tratado de extradición entre los dos países', dijo, 'yo no veo ninguna razón por la cual no debiera procederse a la extradición'. No será fácil por tanto que los previsibles recursos de la defensa a otras instancias vayan a modificar la decisión del Gobierno. El proceso, hasta la entrega, puede durar meses ya que 'la decisión última corresponderá al poder judicial', precisó' Álvaro Carrillo, abogado defensor.

Ricardo Miguel Cavallo, de 49 años, alias Sérpico en los expedientes de la acusación, fue detenido el 24 de agosto en México, cuando el avión en que huía apresuradamente hacia Argentina efectuó una escala en Cancún. La captura se ejecutó el mismo día en que el diario Reforma reveló su identidad y los delitos atribuidos como activo miembro de uno de los sanguinarios grupos de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

Aquella instalación de la Marina argentina, situada en el centro de Buenos Aires, fue el centro clandestino de detención más terrible de la dictadura, y en sus calabozos fueron torturadas y asesinadas 4.626 personas. Sobrevivió un centenar. Numerosos cautivos, sedados y desnudos, fueron arrojados al río de la Plata o al océano Atlántico desde los llamados vuelos de la muerte. Cinco ex presos ,poco antes de su detención, identificaron a Cavallo como su torturador. 'Sólo me puedo equivocar si él tuviera un hermano mellizo', declaró el físico Mario Villano. 'Nunca podré olvidarme de esa cara'.

La ESMA, en la que hasta los cadetes de 16 años podían patear a los presos, comenzó a ser utilizada como cárcel en mayo de 1976, dos meses después del golpe.

Catequistas de acción católica, monjas rojas, militantes de la izquierda peronista y la guerrilla montonera, o personas cuyo único delito fue ser familiar o amigo de argentinos comprometidos políticamente perdieron la vida martirizados en los potros, ahogados en tinajas, despedazados por perros de presa o fulminados por los ataques cardiacos causados por la picana, las descargas eléctricas inventadas por los verdugos castrenses, algunas de las cuales llevaban temporizador para seguir atormentando a intervalos, durante el asueto o almuerzo de los victimarios. El grupo de tareas de Cavallo fue identificado como uno de los culpables de, al menos, 200 desapariciones, torturas sistemáticas y robo de los bienes de los detenidos, entre ellos sus vehículos. Los jefes de la ESMA robaron también a hijos de cautivas embarazadas, posteriormente entregados a familias adscritas al régimen.

Durante la dictadura murieron entre 9.000, registradas documentalmente, y 30.000 personas, la mayor parte desaparecidas. 'Cavallo era un auténtico ideólogo de la tortura, y más de una vez presentó instrucciones a sus subordinados sobre cómo lograr una mayor eficacia en la presión física y psíquica sobre los interrogados', afirmó un superviviente.

Problemas de identidad

La defensa argumentó primero problemas de identidad, y después, que ninguno de los cargos contra su patrocinado ha sido probado, o prescribieron. De haber existido alguna responsabilidad, añadieron, quedaron exoneradas por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, dictadas al término de la dictadura por el Gobierno de Raúl Alfonsín, presionado hasta la concesión por el golpismo castrense. Fueron derogadas en 1988, pero no sus efectos. El propio Cavallo, tras su detención, se desmarcó de las barbaridades perpetradas por una dictadura que atravesó toda la sociedad argentina.

Numerosas personas testimoniarán contra el ex capitán de corbeta, cuya atribuida ferocidad en los cadalsos fue igualada o superada por otros compañeros de armas libres en Argentina, ex jefes y oficiales de las tres armas beneficiados por las leyes del primer Gobierno radical, y los indultos del ex presidente Carlos Menem. El periodista Juan Alberto Gasparini, secuestrado y torturado, será uno de los testigos. En su declaración ante Garzón identificó a Cavallo como el oficial que asesinó a su esposa, Mónica Jáuregui, a una amiga de ésta y al abogado que les alquilaba un piso. Sus dos hijos, de año y medio y seis meses, fueron secuestrados. 'Cavallo tenía la sonrisa helada', recuerda aún una de sus víctimas.