Familiares de las víctimas creen que el informe del Ejército chileno sobre desaparecidos es falso

Pero los crímenes de la dictadura están hoy más lejos de quedar archivados. 'Sepamos valorar lo logrado, más allá de los números. Nos hemos acercado a la verdad y los tribunales hoy están más cerca de hacer justicia', dijo el presidente Ricardo Lagos el domingo en un mensaje para dar cuenta de la información recogida durante seis meses por los institutos armados. Así se habían comprometido a hacerlo en la extinta Mesa de Diálogo. Era la primera vez que las Fuerzas Armadas, que durante casi tres décadas mantuvieron un silencio impenetrable sobre el paradero de un millar de detenidos-desaparecidos durante la dictadura, aportaban un solo dato sobre la ignominia del pasado. Y por primera vez admitían, de manera implícita, la violación de derechos humanos. Para el Gobierno es un paso histórico que abre el camino a la reconciliación entre los chilenos, diez años después del fin de la dictadura. El ministro de Defensa, Mario Fernández, subraya lo que denomina 'autoconfesión' de los militares, al reconocer que gente en sus filas arrojó cuerpos de detenidos al mar. 'Esto no lo ha hecho nadie, en ningún país'.

El optimismo gubernamental no es compartido por los familiares de las víctimas, que consideran escasos los datos aportados, que en su mayoría se trata de detenidos que fueron arrojados al mar. Es decir, nunca podrá verificarse el destino final de estos desaparecidos, que ascienden a 140. De la lista entregada por los militares apenas una treintena fueron enterrados en zonas detalladas en mapas, lo que permitirá su exhumación y a través del ADN lograr la identificación de los cadáveres. 'Esta mañana me han informado que mi marido fue tirado al mar frente a Tucapilla y punto', dijo ayer Carmen Hertz, abogada querellante en el proceso contra Pinochet y esposa del periodista Carlos Berger, asesinado por la caravana de la muerte después del golpe militar. 'No acepto esta información porque es un fraude. Todos los elementos que tenemos de la investigación indican que Carlos fue enterrado en una fosa clandestina del desierto de Atacama'. Hertz califica la información recibida de los militares como 'una maniobra de inteligencia del Ejército para engañar al país y presionar para el fin de las querellas y el fin del proceso a Pinochet'. En el listado entregado por las Fuerzas Armadas aparecen numerosos casos de desaparecidos por los que se abrieron procesos judiciales, que no se han cerrado. A partir de ahora, algunos jueces pueden entender que aquellos detenidos que fueron arrojados al mar ya no tienen la condición de desaparecidos, por lo que el caso quedaría cubierto por la ley de amnistía autodictada por Pinochet. Antes, los jueces especiales designados por la Corte Suprema, tendrán que verificar la veracidad de la información suministrada, lo que en estos casos no será fácil, 'a no ser que se lo pregunten a los tiburones', ironiza con un toque de humor negro Hertz.

El grueso de la información la ha dado el Ejército -'también es quien tiene más pecado', dice el abogado Roberto Garretón-, lo que contrasta con los pocos datos que hay de víctimas atribuidas a la DINA, la policía política de Pinochet, responsable de las mayores atrocidades, y al cuerpo de Carabineros. La mayoría de los desaparecidos que figuran en los datos pertenecen a crímenes de la primera época de la dictadura, que están exonerados por la ley de amnistía.

Estas limitaciones y los lamentos de los familiares de las víctimas no han sido obstáculo para que la actual cúpula de las Fuerzas Armadas cante poco menos que victoria por el paso dado. Hasta ahí podíamos llegar, han venido a decir. 'Estamos dando una señal muy fuerte de compromiso con el país', señala el almirante Jorge Arancibia, comandante en jefe de la Marina. 'No resulta procedente seguir buscando mayores antecedentes sobre el paradero de los desaparecidos, debido a la situación general que atraviesa el país', agrega, en una implícita alusión al proceso contra el ex dictador Pinochet.

'Los casos que no están en la lista siguen abiertos. No estamos, pues, ante ningún alivio para las violaciones de derechos humanos, porque aquí no hay ninguna ley de punto final. No se termina nada', puntualiza el ministro de Defensa. Fernández descarta que la información sea falsa, pero sí enfatiza que para los militares como institución 'esto ha significado un enorme desgaste interno. Los oficiales de hoy eran niños en 1973, año del golpe'.