Castilla-La Mancha gravará a partir del 1 de enero la contaminación industrial

Las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron ayer, con los votos de la mayoría socialista y la oposición del Grupo Popular, la ley del impuesto sobre determinadas actividades que inciden en el Medio Ambiente, más conocida como ecotasa. Su objetivo es frenar el deterioro medioambiental gravando a las empresas que más contaminan. La ley entrará en vigor el próximo 1 de enero y gravará las emisiones a la atmósfera de compuestos oxigenados, tanto del azufre como del nitrógeno, la producción termonuclear de energía eléctrica y el almacenamiento de residuos radiactivos. La medida afectará, fundamentalmente, al complejo industrial de Puertollano (Ciudad Real), las centrales nucleares de Trillo y Zorita (Guadalajara) y algunas cementeras. Según la consejera de Economía, María Luisa Araújo, el tipo de gravamen varía en función del volumen de emisiones. Las empresas que no superan las 1.000 toneladas al año estarán exentas de pago, de 1.000 a 50.000 pagarán 3.000 pesetas por tonelada, y si se superan las 50.000, 3.500 pesetas por tonelada.

En el caso de la producción termonuclear de energía eléctrica, el tipo de gravamen será de 0,2 pesetas por kilovatio-hora producido y para el almacenamiento de residuos radiactivos se pagarán 100.000 pesetas por metro cúbico de residuos almacenados.

Según los cálculos del Ejecutivo regional, durante el primer año de vigencia de la ecotasa se prevé recaudar 3.000 millones de pesetas. Pero, insistió el consejero de Agricultura y Medio Ambiente, Alejandro Alonso, "no es una ley con un objetivo recaudatorio porque el Gobierno estaría encantado de no recaudar nada; eso sería señal de que las empresas han dejado de contaminar". Lo que se intenta con ello es que las empresas "reflexionen" sobre la conveniencia de cambiar los sistemas de producción para rebajar la contaminación y no pagar el impuesto.

El portavoz del PP en la Comisión de Industria, Leandro Esteban, dijo estar de acuerdo con el espírítu de la ley pero su partido optó por votar en contra tras exigir destinar lo recaudado por la ecotasa a políticas medioambientales, práctica, que fue calificada como técnica presupuestaria arcaica desde las filas socialistas.La Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha, CECAM, se opone a la implantación de la ecotasa al argumentar que este nuevo impuesto no soluciona el problema de la contaminación, sino que lo legitima.