UPN ataca de nuevo

El 15 de diciembre de 1986 el Parlamento de Navarra aprobó, con el rechazo generalizado de vasquistas y nacionalistas, la Ley del Vascuence con el objeto de regular su uso normal y oficial en los ámbitos de la convicencia social y de la enseñanza. Esta ley, más que pretender la normalización lingüística (como había sucedido en otras comunidades bilingües), parecía buscar la regulación de la situación de hecho del euskera en Navarra, dada la situación de determinadas acciones normalizadoras de carácter social (ikastolas, radios, gaueskolas, etc.) surgidas sin ningún tipo de cobertura legal específica y a las que el Gobierno de Navarra debía dar respuesta.Al crear tres zonas diferenciadas, la ley convirtió los derechos personales de los ciudadanos navarros en derechos territoriales: independientemente de su origen territorial y de su voluntad, sus derechos lingüísticos venían determinados por el lugar de residencia. Al mismo tiempo se centraba más en conservar la lengua que en normalizarla y desarrollar su conocimiento y uso habitual. Además, dada la ambigüedad de su redacción en muchos de sus apartados, esta ley requería un considerable desarrollo reglamentario por parte del Gobierno con el fin de ejecutar su uso y llenar las llamativas lagunas que presentaba.

Hay que reconocer que el gobierno del PSN-PSOE, con tan exiguo bagaje legal, fue capaz de poner un marcha una serie de medidas normalizadoras con la creación de la Dirección General de Política Lingüística y el Servicio de Euskera del Departamento de Educación. Incluso promovió, junto con EA, una iniciativa que posibilitaba, de hecho, la desaparición de la Zona No Vascófona de Navarra, iniciativa que fue rechazada en el Parlamento por los votos negativos de UPN y HB.

El Gobierno de UPN aprobó el 4 de julio de 1994 un Decreto Foral sobre el uso oficial del vascuence en las Administraciones Públicas de Navarra que, básicamente, establecía la creación de circuitos administrativos bilingües, un calendario para la planificación lingüística, la aparición en las plantillas orgánicas de las Administraciones Públicas de los puestos de trabajo para los que era preceptivo o mérito valorado el conocimiento del euskera, etc. A pesar de los años transcurridos, el Gobierno de Navarra (por no hablar de la Administración del Estado) ha incumplido sistemáticamente su propia normativa: de los circuitos bilingües nunca más se supo, la desidia y los continuos obstáculos puestos por los departamentos ha impedido elaborar un plan de normalización del euskera y sólo la presión, fundamentalmente sindical, ha permitido que en la Oferta Pública de Empleo aparezcan puestos de trabajo para euskaldunes, la mayoría de ellos en el ámbito de la enseñanza.

Por fin, ante su reiterado incumplimiento de la legalidad vigente, el Gobierno de Navarra ha decidido... ¡cambiar la norma legal! En efecto, el pasado lunes 11 de diciembre aprobó un nuevo Decreto Foral para la Regulación del Uso del Vascuence en las Administraciones Públicas de Navarra cuyos aspectos más relevantes son:

-No respeta la Constitución española, que considera el euskera como un patrimonio cultural objeto de especial respeto y protección (art. 3.3).

-Incumple la Ley Foral del Vascuence, que ampara el derecho de los ciudadanos a conocer y usar el vascuence y protege su recuperación y desarrollo. En la práctica, el nuevo decreto convierte la Zona Vascófona en Zona Mixta y ésta, en Zona No Vascófona, con la correspondiente reducción de derechos..

-A pesar de mencionarla, no toma en cuenta la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias de 1992, ni la Resolución de la ONU sobre las minorías de 1992, ni la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos de 1996.

-Desconoce la sentencia del Tribunal Constitucional español que expresamente reconoce que la exigencia lingüística no es "un requisito ad extra, independiente del mérito y capacidad acreditadas, sino (...) una exigencia con cuya acreditación se da satisfacción a dichos principios constitucionales". UPN sigue considerando que la exigencia de la lengua vasca para determinados puestos de trabajo (generalmente de contacto directo con la ciudadanía: enseñanza, medicina, oficinas, etc.) es una discriminación para los no vascoparlantes.

-No respeta la autonomía municipal, dado que atenta contra las ordenanzas municipales de Ayuntamientos como Pamplona, Berriozar, Burlada, Villava, Ansoain y Barañain, que han optado por la cooficialidad de hecho, por el bilingüismo voluntario como regla general de relación con la ciudadanía y por políticas activas de fomento de la lengua vasca.

-Desaparecen los circuitos administrativos bilingües. El derecho a relacionarse en euskera con la Administración se convierte en una carrera de obstáculos que penaliza dicho derecho con obligaciones como la de presentar la correspondiente traducción en castellano o el inevitable retraso que supone incorporar al circuito burocrático las traducciones oficiales.

-Recorta algunos derechos recogidos en el Estatuto de la Función Pública, como son la promoción o la posibilidad de solicitar traslados de puesto de trabajo a las personas que accedan a una plaza con requisito de euskera.

Se trata, en definitiva, de un decreto elaborado no sólo contra la minoría vascoparlante sino contra los derechos de todos los ciudadanos de Navarra. UPN nuevamente usa el euskera en busca de rendimientos políticos, intentando romper un amplio consenso social respecto a la promoción y al libre desarrollo social de la lengua vasca. Este decreto es la forma legal que adopta la constante puesta en entredicho del euskera y la cultura vasca por parte de políticos y medios de comunicación, poniendo en la picota personas (no sus opiniones) a ella ligadas, dando como noticias bulos sin fundamento, ofreciendo como científicos meros prejuicios y presentando habitualmente sólo los aspectos más negativos y distorsionadores de todo cuanto esté relacionado con el mundo euskaldun.

Se está dando una auténtica persecución y criminalización de las expresiones culturales euskaldunes con la pretensión de mantener el status quo, intentando hacer aparecer con foráneo o extraño a Navarra determinadas manifestaciones de la cultura vasca.

Ante el riesgo evidente de fractura social que sea da hoy en nuestra sociedad, creo que debemos apostar por un proyecto integrador y multicultural, donde el contacto con el distinto sea percibido sin miedo, como algo enriquecedor para la convivencia social. En palabras de un político navarro, creo necesario optar por "la configuración de modelos sociales y de principios de derecho -nacional e internacional- basados en el respeto mutuo y en una concepción positiva de la diversidad humana que nos acerque cada vez más a la construcción de una humanidad que pueda vivir en progreso, en paz y en libertad".

Espero que no sea demasiado tarde para abandonar este modelo de tensión social y criminalización permanente del mundo cultural vasco puesto en práctica por UPN. Por suerte, hoy por hoy, parece que la mayoría de la ciudadanía navarra opta socialmente por un modelo de relación social basado en el respeto de diferentes opciones y sensibilidades. Por ello debemos ser sensibles a todas aquellas manifestaciones de intolerancia que amenazan nuestra plural convivencia. Y no me cabe la menor duda de que este decreto foral es la muestra palpable del posicionamiento de un gobierno contra su ciudadanía.

José Luis Mendoza es profesor de Lengua y Literatura Vascas en Burlada.