Presiones castrenses

Las presiones que está ejerciendo el mando militar chileno para impedir el procesamiento de Augusto Pinochet responden a un pasado que Chile quiere dejar atrás, pero son una clara prueba de que la democracia no está definitivamente asentada. El presidente Ricardo Lagos, socialista, se ha visto forzado a anunciar una convocatoria de esa reliquia autoritaria que es el Consejo de Seguridad Nacional, como le reclamaban los cuatro jefes de las Fuerzas Armadas y de los Carabineros. La normalización chilena hubiera exigido no ceder a estas presiones, que también se ciernen sobre el juez Juan Guzmán, que decretó el procesamiento y el arresto domiciliario del ex dictador. Entre otras 180 causas en curso, el senador desaforado es acusado por Guzmán de la autoría intelectual de 18 secuestros y 57 homicidios en la operación de destrucción de opositores tras el golpe de 1973, conocida como caravana de la muerte.Las fuerzas más reaccionarias de Chile han empezado a moverse para impedir el procesamiento del senador vitalicio, incluso con veladas amenazas. El recurso de amparo del general, que ayer empezó a ver la Sala de Apelaciones de Santiago, tiene como objetivo anular el procesamiento. Cualquiera que sea el fallo, acabará en el Tribunal Supremo. Ésta es una instancia a la que ya no puede aspirar en su carrera profesional el juez Guzmán tras la amonestación de que ha sido objeto por haber firmado una carta de respaldo a la presidenta de la fiscalía pública, Clara Szczaranski, parte querellante contra Pinochet, que ha recibido duras críticas por parte de los seguidores del ex general. Esta dura sanción es una presión más contra un juez que, aun habiendo dado en el blanco, está remando contra la corriente. Justamente por ello, y por la dificultad del caso, debe extremar sus precauciones en el expediente contra Pinochet, cuyo estado físico y mental -tiene ya 85 años- no se ha podido comprobar, dadas las dilaciones de su defensa.

Lo más grave es la intromisión del estamento militar en el poder civil. El Consejo Nacional de Seguridad es un órgano previsto en la Constitución de 1980, diseñada por Pinochet, para casos que atenten "contra las bases de la institucionalidad" o puedan "comprometer la seguridad nacional". Es un órgano en el que participan sobre una base paritaria -y, por tanto, un despropósito democrático- los presidentes de la República, del Senado y de la Corte Suprema y el controlador general, junto a los cuatro jefes de las Fuerzas Armadas y de Carabineros. Los militares, en virtud de su potestad para hacerlo, amenazaron con convocar el consejo por su cuenta. Al menos Lagos ha tenido la habilidad de retrasar la reunión del consejo hasta que los recursos de amparo hayan sido resueltos por el Tribunal de Apelaciones y por el Tribunal Supremo.

El Gobierno lo tiene difícil cuando la sociedad está dividida, aunque tranquila. Pero éste no es puramente un asunto de militares. Tras la decisión de Guzmán, una buena parte de la derecha se ha quitado la careta para dejar ver su rostro claramente pinochetista. Sin embargo, su líder, en las presidenciales en las que obtuvo un 47% de los votos, Joaquín Lavín, y que acaba de asumir la alcaldía de Santiago, que ganó por 60%, es uno de los pocos dirigentes que públicamente ha expresado el deseo, ya señalado durante los 503 días de detención de Pinochet en Londres, de que el ex dictador "enfrente la justicia como cualquier otro chileno". La democracia chilena ganaría mucho con ello. El problema es que no es cualquier otro chileno. Es Augusto Pinochet, un hombre que dijo cuando estaba en Londres no reconocer otros tribunales que los chilenos, pero que en Chile no admite otro estatus personal que la impunidad.