El ex dictador, acusado de ser autor intelectual de los crímenes de la 'Caravana de la Muerte'

El camino para procesar y condenar al general Augusto Pinochet quedó despejado el 8 de agosto, cuando el pleno de la Corte Suprema de Chile dictó un fallo histórico, tanto por su contenido jurídico como político. Catorce magistrados del más alto tribunal votaron a favor del desafuero del senador vitalicio y seis en contra en una pormenorizada sentencia de 52 páginas. Tres meses después, el juez Juan Guzmán Tapia ha ordenado la detención de Pinochet como autor intelectual de 19 secuestros y 56 homicidios calificados en la llamada Caravana de la Muerte.

'Los zarpazos del puma'

Los integrantes de esta siniestra caravana, un operativo de exterminio puesto en marcha poco después del golpe militar de septiembre de 1973, eran altos oficiales del Ejército a las órdenes del general Sergio Arellano Stark, quien actuaba como delegado del comandante jefe de la institución, es decir de Augusto Pinochet.Todas las víctimas eran opositores a la Junta militar golpista, como Carlos Berger, director de Radio Loa, en la ciudad de Calama, que, tras ser detenido el mismo día de la sublevación, fue condenado a 60 días en un consejo de guerra sumarísimo. Apenas había pasado un mes, cuando el 19 de octubre la caravana de general Arellano sacó de la cárcel de Calama a los 26 presos políticos que cumplían distintas penas dictadas por los tribunales de excepción. Entre ellos se encontraba el periodista Berger.

El general Joaquín Lagos y el coronel Eugenio Rivera, jefes militares de la I División no tuvieron conocimiento del secuestro, según declararon años más tarde ante la Justicia. Todos los presos de Calama fueron ejecutados después de ser torturados salvajemente. "Me entregaron un certificado de defunción de mi marido que señalaba como causa de la muerte: destrucción del tórax y región cardíaca por fusilamiento", explicó en su día a este diario la abogada Carmen Hertz, viuda de Berger.

Formaban parte de la Caravana de la Muerte los siguientes jefes y oficiales: general Sergio Arellano, uno de los cerebros del golpe de 1973; coronel Sergio Arredondo González, ejecutor de las órdenes y miembro de la DINA (la policía política de la dictadura); brigadier Pedro Espinoza Bravo, jefe operativo de la DINA y condenado a seis años por el asesinato del ex canciller Orlando Letelier; Marcelo Morén Brito, jefe del centro clandestino de tortura de Villa Grimaldi; teniente Armando Fernández Larios (hoy comandante retirado), quien reside en EE UU en calidad de testigo protegido de la justicia, después de haber sido condenado y haber colaborado en la investigación del asesinato de Letelier, en el que participó; y Juan Chiminelli, uno de los responsables de la división exterior de la DINA, donde se planificaron atentados y operativos encuadrados en la Operación Cóndor.

Soldados y oficiales de las guarniciones locales fueron obligados a participar en los asesinatos perpetrados por la comitiva. En el transcurso del operativo hubo momentos de gran tensión. Por ejemplo, el general Lagos increpó en cierta ocasión a Arellano Stark y le impidió que continuara su recorrido de la muerte por otras ciudades del Norte, con lo que salvó muchas vidas. La respuesta del jefe de la caravana fue un documento que llevaba la firma del comandante jefe, Augusto Pinochet, que le nombraba delegado para llevar a cabo aquella carnicería.

De la Caravana de la Muerte se han escrito varios libros, pero hay que colocar en un lugar prominente Los zarpazos del puma, de la periodista Patricia Verdugo, probablemente la investigación periodística más minuciosa elaborada hasta la fecha sobre aquella comitiva, que sembró el terror por donde recaló. El libro describe la estrategia de los criminales: el jefe de la misión se presentaba a una guarnición militar con un documento que le acreditaba como oficial delegado del presidente de la Junta de Gobierno y comandante jefe del Ejército, general Augusto Pinochet. Pedía las listas de prisioneros y seleccionaba las víctimas. Sus acompañantes realizaban el resto. Un trabajo sucio en el que los elegidos eran asesinados.En el despacho del juez Juan Guzmán en la Corte de Apelaciones de Santiago se acumulan 11 volúmenes con los expedientes. Dos de ellos, los más gruesos, reúnen la documentación que hace referencia a la Caravana de la Muerte. En los casi tres años que lleva investigando el caso el juez Guzmán ha practicado infinidad de diligencias, entre las que destacan varios careos entre los oficiales procesados, que descargaron la responsabilidad de los hechos en sus subalternos. El magistrado ha acumulado pruebas suficientes que implican al ex dictador en graves violaciones de derechos humanos. Sobre estas pruebas se asentó la solicitud del levantamiento de la inmunidad parlamentaria para procesar al inculpado, y sobre esta misma base se ha decidido a dar el mayor golpe de efecto que haya dado jamás un juez en Chile: ordenar la detención de hombre más poderoso y más temido del último cuarto de siglo.