Coste y confianza

La Comisión Europea ha propuesto medidas radicales para atajar la extensión del llamado mal de las vacas locas. De haber sido igual de expeditiva cuando se registraron los primeros brotes de esta enfermedad en el Reino Unido, en la década de los ochenta, se habrían salvado decenas de vidas humanas y no estaríamos ante la actual situación de emergencia alimentaria en el sector cárnico. La decisión de poner en marcha este plan deben adoptarla el próximo lunes los ministros de Agricultura de los Quince. Cabe esperar que así lo hagan, por elevado que sea su coste. Las consideraciones sobre los riesgos sanitarios deben primar sobre cualesquiera otras.Las propuestas, que ayer recibieron un apoyo bastante general de las capitales europeas y del propio sector, se centran en tres líneas: prohibir, inicialmente por seis meses, todos los piensos animales para cualquier tipo de ganado y aves, dado que éste es el principal camino de diseminación de la enfermedad; controlar y eliminar en su caso todas las reses con más de 30 meses de vida (tiempo de maduración del prión causante de la encefalopatía espongiforme bovina), y suprimir de la cadena alimentaria los intestinos del vacuno. A la luz de lo ocurrido, la propuesta se basa en una duda razonable sobre la falta de eficacia de los controles nacionales frente a los fraudes cometidos.

Sin duda, el coste económico de estas medidas será elevado. La Comisión Europea lo calcula en 3.000 millones de euros (unos 500.000 millones de pesetas) para el erario público, y 1.500 millones de euros más en pérdida de ingresos del sector productor de carne y piensos animales, a la vez que habrá que buscar otras fuentes alternativas para alimentar el ganado. La propia Comisión reconoce que el presupuesto comunitario puede dar de sí, al menos el año que viene. El coste global puede llegar al billón de pesetas, una cifra sin duda considerable, pero que, por poner un ejemplo, es sólo la octava parte de lo recaudado por Alemania en la subasta de las licencias de telefonía UMTS.

La respuesta europea debería evitar la proliferación de medidas nacionales dispersas que han llevado a que España cerrara sus fronteras a las importaciones de carne francesa y Polonia hiciera lo propio con las de origen español. Una respuesta concertada debe introducir orden y ayudar a recobrar la confianza de unos ciudadanos que esperan una actuación comunitaria que les garantice que ningún trozo de carne portadora de la enfermedad llegará al mercado. La destrucción de los piensos animales y las reses de riesgo es absolutamente necesaria para evitar fraudes. Sería una aberración que por procedimientos fraudulentos acaben por alimentar a ganado del Tercer Mundo y terminen por globalizar la enfermedad.