Veterinarios que son juez y parte

Parrula, la primera vaca loca española, murió el 25 de octubre pasado. Cinco días antes, su propietario, José Vázquez, estaba dispuesto a enviarla al matadero para su consumo, según constataron sus propios vecinos. No era un hecho anormal, sino muy frecuente en Galicia, donde conviven 79.642 explotaciones de ganado vacuno con una cabaña de 886.372 cabezas. Pero, en aquellos días, una huelga de tratantes, que son los intermediarios entre ganaderos y mataderos, una figura muy propia de Galicia, lo impidió.Pasaron los días, Parrula falleció y fue enterrada, como se hace normalmente, o enviada a un vertedero, o tirada al río, que por estas tierras los ríos en las crecidas dejan ver los restos de animales. De haber llegado al matadero para su sacrificio, ¿habría pasado al consumo humano? Las autoridades contestan con un no categórico. Pero la realidad muestra deficiencias en el sistema de control, como en su día certificaron los inspectores de la Unión Europea cuando visitaron un matadero gallego y se encontraron con que no había certificados veterinarios, es decir, que no había llegado nunca una vaca enferma, un suceso realmente inverosímil.

Galicia todavía conserva algunas prácticas del pasado que contradicen las normas por las que deben guiarse unos controles rigurosos. Al menos 37 inspectores veterinarios trabajan en sus ratos libres como veterinarios clínicos en las ganaderías, algunos de los cuales se anuncian en las páginas amarillas. Es decir, son jueces y parte.

"Me consta que eso es así", dice Isabel Salazar, parlamentaria del PSG-PSOE, "porque todavía no se ha reformado la estructura de la función pública en Galicia. Muchos veterinarios son juez y parte. Algunos de ellos se han ido jubilando y el número de quienes hacen esas prácticas ha ido descendiendo, pero luego resulta que las plazas las han acumulado otros, que también mantienen esa forma ancestral de funcionar". Emilio López, del BNG, también lo corrobora: "Eso es así en Galicia y en más sitios de España, y lo hacen los médicos en todo el Estado". La realidad de unos inspectores que trabajan en ganaderías la corroboran asociaciones de ganaderos. "No sé si son 30 o son más, pero claro que nos consta que eso es así", dicen en la UPA (Unión de Pequeños Agricultores).

Alguna denuncia se ha producido con el paso del tiempo, pero sin resultados. Tal fue el caso de cinco inspectores. En la denuncia se detallaba cómo estos inspectores se anunciaban de muy diversas formas, cómo, por ejemplo, hacían constar en la publicidad tanto su nombre como el hecho de que fuera veterinario oficial, acompañada de dos teléfonos, el de su domicilio o el móvil. Otro inspector denunciado colocaba su publicidad "en bares, postes de teléfono, teléfonos públicos", además de dejar su tarjeta de visita en explotaciones ganaderas y en domicilios particulares. En algunos de estos anuncios consta que ofrecen "servicios de 24 horas", o "servicio día y noche". Uno de ellos, en su publicidad, detalla que los avisos se pueden dejar en un determinado bar. Luego están los que, directamente, se anuncian en las páginas amarillas.

Algunos casos fueron denunciados en 1995, pero finalmente sobreseídos. En el expediente consta que el instructor solicita a la Dirección General de Seguridad de la Consejería de Justicia, Interior y Relaciones Laborales que haga algunas averiguaciones. Y en el informe constan las entrevistas con los propietarios de las ganaderías para quienes, supuestamente, trabajaban los inspectores denunciados. Uno de los propietarios declaraba que "llamaba siempre al funcionario y que estaba muy contento con sus servicios", que "le llamaba al teléfono de su coche" y que sabía "que atendía también a vecinos de otras localidades". Otro propietario, relacionado con otra denuncia, declaraba que "suele disponer de otro veterinario", pero que llamaba al denunciado "sobre todo en casos complicados".

Un tercer propietario declaraba que el denunciado le había practicado la inseminación de una vaca recientemente y que él era un asiduo cliente suyo. Un cuarto propietario reconocía que solía solicitar los servicios de uno de los denunciados, "si bien este último no acude salvo con motivo de alguna urgencia y sólo por las tardes o por las noches".

Durante la realización del expediente, los funcionarios encargados de hacer las averiguaciones dijeron no encontrar los anuncios de publicidad de los denunciados tal y como se exponía en la denuncia, aunque se puede entender que los afectados los habían retirado. En estos casos se resolvió no sancionarles a propuesta del instructor, que consideraba que no había pruebas suficientes de que hubieran practicado el libre ejercicio de la profesión veterinaria.

Un jefe de inspección consultado por este periódico reconoció que dicha práctica se sigue produciendo: "Lo confirmo absolutamente; en Galicia decimos que lo sabemos todos menos Hacienda. Se produce en las cuatro provincias gallegas y ya va siendo hora de que se acabe con eso. No voy a decir nombres, pero claro que conozco casos, y casos además de inspectores de matadero que atienden consultas en su horario de trabajo". Dicho inspector afirma que "todos los funcionarios veterinarios tienen un nivel 20 en la Administración de Galicia y un sueldo de 200.000 pesetas mensuales por su dedicación exclusiva. Puede que el sueldo no sea muy alto, y me parecería bien que el colectivo luchara por una mejor remuneración, pero eso no justifica estas actuaciones".

En Galicia, el cuerpo de inspectores veterinarios, tanto los de Salud Pública como los de Agricultura, asciende a 139 funcionarios. Días antes de que se conociera la existencia de un caso de vaca loca en Galicia, la Xunta anunció que estaba estudiando la convocatoria de 73 plazas de veterinarios, 30 para Sanidad y 43 para Agricultura, dentro de un plan para intensificar los controles, plan que le permitió al presidente de la Xunta, Manuel Fraga Iribarne, afirmar categórico que en Galicia no había ningún caso de vaca loca y que los controles marchaban de forma excelente. Los partidos políticos de la oposición interpretaron que la Xunta fue preparándose el terreno para lo que se avecinaba: el caso positivo de una vaca en una ganadería de Carballedo, Lugo.

El presidente del Consejo de Veterinarios de Galicia, Pedro Vila, niega rotundamente que estas prácticas se sigan produciendo. "No tengo conocimiento de ningún caso", afirmó a este periódico, "pero quienes lo dicen tendrán que argumentarlo y demostrarlo, y, desde luego, denunciarlo". Sobre si el colegio debería investigar este asunto, Pedro Vila señaló: "El colegio no está para investigar, eso debe hacerlo la Administración. Si se comprueba algún caso, nosotros tomaríamos las medidas oportunas". Pedro Vila, sin embargo, se queja de las desigualdades que sufren los veterinarios respecto a otros colectivos en la cuestión de las incompatibilidades. "¿Por qué se les permiten a los médicos cosas que no se les permiten a los veterinarios. Nosotros hemos tenido que arrancar alguna compatibilidad en los juzgados". Antonio Crespo, director general de la Consejería de Agricultura de la Xunta, contestó a este periódico a través de su jefe de prensa con un escueto: "No hay ningún caso de inspectores que trabajen como veterinarios clínicos en Agricultura".