La renta de 61.845 pesetas para las personas sin recursos entrará en vigor el próximo 1 de enero

A partir del 1 de enero próximo, todas las personas residentes en Euskadi, mayores de 25 años, que carezcan de recursos económicos para llevar una vida digna tendrán derecho a recibir una renta mensual de 61.845 pesetas. PNV, PP, PSE y UA cerraron ayer este acuerdo, que podría ser mejorado si prospera una proposición de ley socialista que rebaja a 18 la edad mínima para recibir esta ayuda. La Carta de Derechos Sociales será aprobada en comisión el 5 de diciembre y antes de fin de año, en pleno. Los promotores insisten en que se ha devaluado gravemente su iniciativa.

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Quienes acrediten ante los servicios sociales que carecen de ingresos o que éstos son inferiores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) tendrán aseguradas en 2001 las 61.845 pesetas mensuales en que se ha fijado la renta universal para las familias de un solo miembro. En el caso de dos miembros serán 82.460 pesetas, 90.700 pesetas si son tres, y un 10% más por cada nuevo miembro, hasta un tope de 109.000 pesetas, por doce meses. La cantidad de partida supone el 75% de las 14 pagas del SMI (70.680 pesetas mensuales) y supera en más de 11.000 pesetas al actual Ingreso Mínimo de Inserción (IMI) o salario social que regula la Ley contra la Exclusión Social. De hecho, "la Carta de Derechos Sociales no supone un borrón y cuenta nueva con los avances sociales conseguidos por los ciudadanos vascos, sino que viene a complementarlos y mejorarlos", subrayó ayer la portavoz socialista Gemma Zabaleta.

El texto de la ley que aprobará la Cámara no establece tampoco la edad mínima que deberán tener los perceptores. En estos momentos los beneficiarios del IMI -50.000 pesetas- tienen que tener un mínimo de 25 años, pero el Gobierno vasco podrá reducir esta edad. El PSE ha tramitado una proposición de ley que reduce la edad de los perceptores del IMI a 18 años.

La ponencia parlamentaria que estudia la Carta Social puso ayer punto final a la elaboración del dictamen, que será sometido el próximo día 5 a la Comisión de Trabajo y Acción Social, y días más tarde al pleno de la Cámara. Las regulaciones de la Carta Social, una vez que entren en vigor, sustituirán las recogidas en la vigente Ley contra la Exclusión Social. Sin embargo los beneficiarios de las actuales ayudas de emergencia y de los convenios de inserción seguirán contando con ellos, al margen de que reciban o no la renta universal.

La nueva ley consolida el derecho a la inserción social y laboral de todos los ciudadanos vascos y, además, les garantiza una renta básica universal cuyo objetivo fundamental es precisamente la inserción. Desde que la Carta de Derechos Sociales entró al Parlamento hace cuatro años por la fórmula de la iniciativa popular (avalada por 83.000 firmas de ciudadanos de todo el País Vasco), ha dado un par de giros de 180 grados. Primeramente el PNV se opuso a a su toma en consideración; es decir, pretendía que el texto presentado por varios colectivos no iniciara el trámite parlamentario que pudiera transformarlo en una ley. Ahora ha acabado apoyando la mayor parte de las posturas del PSE, que a su vez ha moderado las aspiraciones de los promotores de la Carta social.

EH la consideró un objetivo prioritario para la "construcción nacional y social", al dotar a los más desfavorecidos de una mínima independencia económica con cargo a los fondos públicos. Sin embargo, tras su marcha del Parlamento ha abandonado en ese campo a quienes le votaron en las elecciones. A su vez, el PP miró desde el comienzo este asunto con gran desapego, pero cuatro años después va a estampar su firma en el texto que universaliza una renta para todas las personas sin recursos.

Este amplio consenso sobre la Carta Social se plasma precisamente en uno de los momentos de mayor división e incomunicación entre los partidos vascos. Como un oasis en plena crispación, el PSE ha atraido a sus enmiendas tanto al PNV como al PP y a UA, y también en gran medida a EA e IU, aunque estos partidos querían que la renta fuera del 100% del IMI.La Carta Social se va a convertir, casi con toda seguridad, en la única iniciativa parlamentaria de trascendencia social que salga adelante en la Cámara antes de que el lehendakari Juan José Ibarretxe convoque elecciones autonómicas anticipadas.. De hecho, el Gobierno del PNV-EA, dada su precaria situación, ha renunciado a presentar el proyecto de Presupuestos para 2001. Quizá por ello, y a pesar de que no era del agrado del PNV, el Gobierno ha puesto un especial interés en que la Carta Social salga adelante y la propia Presidencia del Ejecutivo ha empujado para cerrar un acuerdo que salve la legislatura, aunque fuera una iniciativa popular.

* Este artículo apareció en la edición impresa del martes, 21 de noviembre de 2000.

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