Ocho billones móviles

En un antiguo barracón del Ejército estadounidense en Maguncia (Alemania), los responsables de Hacienda del Gobierno del socialdemócrata Gerhard Schröder han visto estos días abrirse las puertas del cielo. Seis grandes grupos de telecomunicaciones han pagado más de ocho billones de pesetas en la subasta por las licencias que les permitirán operar los nuevos móviles multimedia de tercera generación (conocidos como UMTS), que en breve prometen revolucionar esta tecnología y permitir, entre otras atractivas funciones, el acceso a Internet desde cualquier teléfono móvil.De inmediato se ha suscitado un encendido debate en la sociedad alemana sobre cuál es el mejor destino que cabe dar a esta inmensa cantidad de dinero, recaudada mediante una subasta pública especialmente diseñada y puesta en práctica por el Gobierno alemán. Pero el éxito para las arcas públicas germanas ha llevado el debate más allá de sus fronteras y ha arrojado sombras retrospectivas sobre el caso español, en el que se optó por conceder esas mismas licencias mediante un concurso, por una cantidad (86.000 millones de pesetas) que a la luz de lo que ha sucedido en Maguncia suena a broma. El debate tiene muchos matices, pero todo parece indicar que el Gobierno de Schröder ha acertado con su estrategia y que el Ejecutivo de Aznar cometió un error en marzo pasado, al desdeñar la subasta como método para adjudicar algo tan precioso como las licencias de telefonía móvil.

Ciertamente, existen argumentos a favor del concurso frente a la subasta. El más importante de todos ellos se basaba en que si las empresas de telefonía han de desembolsar grandes cantidades por las licencias, invertirán menos en las infraestructuras necesarias para garantizar la calidad del servicio y acabará repercutiendo en los consumidores ese coste añadido. Es una razón, pero no anula la ventaja de la subasta.

En primer lugar, porque la subasta permite fijar el precio objetivo de la frecuencia que se adjudica. Una licencia de móvil vale exactamente lo que una operadora telefónica está dispuesta a pagar por ella. Nadie conoce mejor el negocio de la telefonía que las empresas que se dedican a ello. Y si seis grandes grupos internacionales consideran que las expectativas de beneficios les permiten ofrecer billones por una licencia en Alemania, no resulta complicado deducir qué piensan en privado de los 86.000 millones que cobró el Gobierno español: un regalo. Un regalo difícil de justificar si se toman en consideración los intereses generales del Estado y de sus ciudadanos.

En esta línea, el argumento de que el reducido coste de las licencias tendrá su repercusión positiva en las tarifas que tendrán que pagar los usuarios resulta ingenuo, en el mejor de los casos, o cae directamente en la demagogia. Los 86.000 millones pagados por las licencias en España suponen aproximadamente un 1% de lo que se pagó ayer en Alemania. ¿Confía el Gobierno en que los usuarios españoles de móviles de tercera generación pagarán tarifas reducidas en esa proporción respecto a las alemanas? El negocio de la telefonía está cada vez más globalizado. Los mercados, cada día más unificados. Los costes de desarrollar la tecnología necesaria, más compartidos entre un reducido grupo de compañías que compiten entre sí en diferentes países. En este panorama, resulta ilusorio pensar que los españoles disfrutarán del móvil multimedia en condiciones mejores y a precios más reducidos que sus socios europeos, sólo porque las licencias se concedieron más baratas.

Lo más grave del error de marzo, con todo, rebasa el ámbito de la telefonía. El Reino Unido recaudó 6,5 billones de pesetas en la subasta de sus licencias hace pocos meses. Alemania ha superado los ocho billones. Francia prevé recaudar más de tres billones. Todos ellos debaten ahora cómo gastar ese dinero: inversión en infraestructuras, en investigación, en reducir la deuda (y, por tanto, los intereses financieros y el déficit), o en recortar los impuestos. Cualquiera que sea el destino final de ese dinero, los principales socios europeos de España se encuentran desde ya en mejor situación comparativa para afrontar la dura competencia que supone una economía cada vez más global. Bajo esa luz, la decisión del Gobierno se revela ahora perjudicial para los intereses de los ciudadanos en su conjunto y para la capacidad de competir de las empresas españolas en los mercados internacionales. No sólo no beneficiará a los usuarios de móviles, sino que ya ha perjudicado, y mucho, al conjunto del país. El Gobierno está obligado a explicar más convincentemente por qué eligió aquel método y, además, por qué emprendió aquella carrera a la desesperada para conceder las licencias en coincidencia con las elecciones.