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LOS PROBLEMAS DE LOS INMIGRANTES

Rajoy anuncia que aprobará su reforma de la Ley de Extranjería aunque no tenga consenso

"El texto que se aprobó en Consejo de Ministros es básicamente el que va a quedar, salvo que se nos convenza para incluir alguna modificación". Así se expresó ayer el vicepresidente primero del Gobierno, Mariano Rajoy, después de que el Ejecutivo haya insistido hasta la saciedad en su voluntad consensuadora con respecto a la modificación de la Ley de Extranjería. Para justificar este cambio de actitud arguyó: "El consenso y el diálogo no son un fin en sí mismo, el fin es gobernar, por lo que el Ejecutivo aprobará su propuesta aunque no tenga el apoyo de la oposición", afirmo Rajoy.

Cuando no han pasado ni 15 días desde que el Gabinete que preside José María Aznar aprobase por segunda vez en Consejo de Ministros el texto de reforma de la Ley de Extranjería en contra de las opiniones de los agentes sociales y la oposición, el vicepresidente primero del Gobierno, Mariano Rajoy, anunciaba ayer que no modificarán su propuesta mientras no se les convenza de los contrario.Esta advertencia supone un giro en la actitud consensuadora que hasta ahora había querido mostrar el Ejecutivo con respecto a la modificación de la Ley de Extranjería. "Una cosa es la buena disposición del Gobierno y otra que tenga que hacer lo que digan las minorías, porque esto no ocurre en ningún país donde se aplican las reglas del juego democrático", justificó Rajoy.

En una entrevista concedida a la agencia Efe, el vicepresidente primero mostró su confianza en que durante la tramitación parlamentaria, que comenzará en septiembre, los partidos de la oposición "actúen con responsabilidad, equilibrio y mesura, porque lo demás es un error monumental, es puro voluntarismo y en muchos casos viene con una indudable dosis de demagogia".

Para Rajoy, que ejerce de presidente en funciones durante las vacaciones de Aznar, el texto aprobado en el último Consejo de Ministros es "una de las leyes más avanzadas de Europa, redactada en la convicción de que es la mejor normativa que se puede presentar, aunque si se nos convence de que hay alguna cosa susceptible de modificación, lo aceptaremos".

Las últimas modificaciones que incluyó el Gobierno en el texto de reforma de la ley fueron algunas de las propuestas realizadas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y por el Consejo de Estado, que supusieron la modificación de un total de 13 artículos con respecto al texto anterior, aprobado en julio. Ambos organismos tuvieron que recordarle al Ejecutivo, después de que éste hubiese aprobado el texto de la reforma por primera vez en Consejo de Ministros, su derecho a informar sobre los proyectos de ley en los que están en juego derechos fundamentales, si bien su opinión no vincula al Ejecutivo.

Derechos fundamentales

El Gobierno aceptó, por ejemplo, el derecho a asistencia letrada en la frontera, pero no incluyó la recomendación del Poder Judicial de que se reconozcan a los inmigrantes irregulares los derechos de asociación, huelga, reunión, manifestación y sindicación.Según reiteró ayer Rajoy, la distinción entre inmigrantes legales e indocumentados es indispensable para lograr "una ley realista y en la línea que tienen los demás países europeos", ya que, según él, la política de inmigración acabará siendo una política común en toda la Unión Europea y los socios comunitarios no "permitirían" que España tuviera una ley "que impida al Gobierno tener una política en materia de visados y decidir cuántas personas pueden tener un nivel de vida digno en nuestro país", afirmó. Y agregó que al Ejecutivo "le gustaría conseguir el mayor consenso posible, pero por encima del nivel de consenso está la responsabilidad del Gobierno".

Además, el vicepresidente descartó la propuesta del PSOE de que en materia de inmigración sean consultadas las comunidades autónomas, los ayuntamientos y las organizaciones empresariales y sindicales, por considerar que "cada uno debe asumir sus propias responsabilidades". Con anterioridad, el principal partido de la oposición propuso un retraso en la aprobación del texto de reforma de la Ley de Extranjería con el fin de alcanzar un "gran Pacto de Estado" que también fue obviado por el Ejecutivo.

Por último, Rajoy mostró su "profundo desacuerdo" con la valoración que hicieron recientemente los partidos de la oposición con motivo de los 100 primeros días de Gobierno, en la que señalaban que el Ejecutivo ofrece diálogo pero ejerce su mayoría absoluta para aprobar cada asunto.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 18 de agosto de 2000

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