Agricultura pone en marcha un plan para reordenar el viñedo conforme a los dictámenes de la Unión Europea

El Ministerio de Agricultura, de acuerdo con las disposiciones comunitarias derivadas de la actual Organización Común de Mercado (OCM), ha puesto en marcha una serie de medidas encaminadas a una reordenación del viñedo en España. El objetivo es lograr un sector más moderno y competitivo, con variedades ajustadas a las necesidades del mercado y manteniendo las superficies en los límites previstos por la Unión Europea. Con esta nueva disposición, Agricultura aborda todo lo referido a las reservas de derechos, plantaciones, primas de abandono y reestructuración de variedades de uva.Para acabar con los excedentes, la Unión Europea, en lugar de potenciar las medidas de regulación de mercado o quema de vino, apuesta por una regulación de la producción con los abandonos y, sobre todo, con la reconversión de variedades para lograr uva y vinos de mejor calidad. Ésta es también la apuesta que se ha hecho en España, donde las ayudas para reconversión del viñedo irán desde 750.000 pesetas a 1,2 millones de pesetas por hectárea. Estas medidas se espera que se apliquen muy especialmente en comunidades autónomas como Castilla-La Mancha o Extremadura, donde se concentran los mayores excedentes con precios a la baja.

La actual OCM para el sector vitivinícola se aprobó con la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) en 1999. Bruselas modificó en profundidad los mecanismos de regulación del mercado pero, sobre todo, sentó las bases para conseguir una reordenación del viñedo para lograr un sector acorde con las exigencias de los mercados. Bruselas contempló unas ayudas anuales en toda la UE de unos 70.000 millones de pesetas. En el caso de España, las ayudas anuales se cifrarían en un mínimo de 20.000 millones de pesetas. Sobre el montante total de las inversiones, las ayudas comunitarias serían del 75% en las zonas objetivo uno, y del 50%, en el resto.

Frente a los problemas históricos de excedentes en algunos mercados comunitarios del vino, las autoridades comunitarias apostaron por la construcción de un sector vitivinícola comunitario acorde con las necesidades del consumo y exigencias de la demanda. En esta línea se mantuvo la prohibición de nuevas plantaciones con la autorización de solamente 68.000 hectáreas en toda la UE, de las que 17.355 se adjudicaron a España.

Por otra parte, se fijaron también las líneas en materia de regularización de las plantaciones de viñedo. Se deberán arrancar las superficies ilegales plantadas con posterioridad al 1 de septiembre de 1998, y las que se hubieran plantado antes de esa fecha de forma ilegal se deberán legalizar aportando 1,5 derechos por cada hectárea en cultivo.