Bruselas expedienta a España por la apertura de un depósito tóxico La construcción, en Bilbao, carece de declaración de impacto

La Comisión Europea considera ilegal la construcción de un depósito de residuos en el aeropuerto de Bilbao, un relleno de tierras concluido hace dos años donde se acumulan 100.000 metros cúbicos de suelos contaminados con el pesticida lindane. Bruselas ha abierto un procedimiento de infracción contra España por la falta de la declaración de impacto ambiental.

La llamada celda de lindane de Sondika, donde se han enterrado en una vaguada próxima a la pista principal del aeropuerto un total de 113.118 metros cúbicos de tierras contaminadas con el pesticida tóxico, ha sido la infraestructura que más quebraderos de cabeza ha causado al Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco. Fue la primera de las instalaciones ideadas por el Ejecutivo autónomo para neutralizar el problema de este residuo tóxico, que, debido a su producción y vertido incontrolados, dejó un total de 82.000 toneladas de residuos de lindane esparcidas en 35 focos -casi todos en el área metropolitana de Bilbao- y medio millón de metros cúbicos de tierras contaminadas.Este depósito, donde los materiales tóxicos van aislados del exterior con varias capas de tierra vegetal y un sistema de drenaje, tuvo un coste de 1.193 millones. Sus obras estuvieron rodeadas por la polémica, debido a diversas irregularidades denunciadas por el grupo ecologista vizcaíno Lur Maitea. Desde el año pasado, un juzgado de Bilbao investiga también la existencia de un delito ecológico en su construcción.

Los ecologistas decidieron en 1998 la presentación de una queja ante la Dirección de Medio Ambiente de la Comisión Europea con el argumento, entre otros más, de la falta de una declaración de impacto ambiental. El Gobierno vasco, que ha gestionado la obra y es además el órgano competente para emitir la declaración, no la consideró necesaria y siempre ha asegurado que "tiene todas las medidas correctoras incluidas en una declaración de impacto ambiental".

La decisión de Bruselas contradice al Ejecutivo vasco. La Comisión Europea aceptó el informe presentado por la comisaria de Medio Ambiente, Margot Wallström, por el que se abre formalmente un procedimiento de infracción contra España debido al "no respeto de las disposiciones" comunitarias sobre la influencia del proyecto en el medio ambiente, es decir, la falta de la declaración de impacto ambiental.

La CE, en su dictamen, asegura que desconoce el impacto de la obra, y emplaza a las autoridades españolas (en este caso las vascas) a presentar en dos meses la declaración. En caso contrario, se advertiría del traslado del expediente al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. La decisión europea no es vinculante, aunque, en el peor de los casos, podría acabar con una multa.