París critica a un principado en cuya gestión interviene

La implicación francesa en las instituciones monegascas convierte el informe de la Asamblea en un bumerán contra el propio Estado francés. Además de proponer al príncipe de Mónaco los tres candidatos a ministro de Estado (primer ministro), el Estado francés nombra a 13 de los 19 magistrados del principado y aporta una subvención anual que supone el 25% del presupuesto monegasco. El responsable de Interior de Mónaco es francés, al igual que el director del casino. Aunque el principado aplica sobre su territorio la legislación francesa sobre el IVA, en la práctica, dada la ausencia de controles fronterizos, resulta imposible determinar qué productos son comprados en Francia y consumidos en Mónaco y viceversa. Así, escriben los diputados, "el presupuesto monegasco recibe cada año más de 800 millones de francos [20.000 millones de pesetas] del Estado francés, sin contrapartida". La justicia está bajo el poder político directo del príncipe, de forma que los magistrados enviados por París deben jurar fidelidad, tanto a su alteza serenísima como a las leyes monegascas, y someterse a las instrucciones del fiscal general dependiente del príncipe. Entre otros testimonios que dan prueba de las presiones del procurador general para paralizar las instrucciones, el informe recoge el testimonio del antiguo magistrado del principado, Charles Duchaîne, hoy con plaza en Francia. "Se evitaba juzgar por blanqueo de dinero porque eso podía espantar a cierto número de inversores y disuadir a ciertas personas de continuar llevando su dinero a Mónaco".

La comisión presidida por el socialista Vincet Peillon no rehúye la responsabilidad de Francia por avalar en la práctica un sistema considerado corrupto. Su informe puede tener un efecto catártico sobre las estrechas relaciones políticas y económicas entre París y el principado y dejar atrás la larguísima etapa francesa de los consejos y denuncias retóricas.