La paga de beneficios

Un rifirrafe entre dos concejales socialistas del Ayuntamiento de Alicante ha desvelado públicamente que ciertos ediles de esa corporación, y el alcalde entre ellos, perciben pagas anuales de beneficios a cargo de las empresas mixtas Aguas Municipalizadas de dicha ciudad y Emerasa. Los beneficiarios rebañan unas 600.000 pesetas por cabeza de la primera de tales compañías y 400.000 de la segunda. Cuando el regidor agraciado es de Esquerra Unida ya se sabe que no toca un céntimo, pues buena parte del sueldo y de otras retribuciones eventuales, como ésta, afluyen al partido, detalle que debemos constatar para matizar las posibles codicias, ya que no las responsabilidades a que hubiere lugar.Ignoramos si este momio es común y corriente en otros consistorios o, si siéndolo, se tipifica de manera más sofisticada, como pueda ser el camuflaje de la bicoca en forma de dietas o viajes al Caribe para compartir bondades y beldades en compañía de Curro. Lo bien cierto es que esta paga, llamada de beneficios, tal como se viene percibiendo en Alicante, constituye una irregularidad a la luz de la Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, de 1984, y a tenor del más reciente Pacto Local de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, de febrero de 1999. O sea, que no debía darse ni percibirse, y eso debería haberlo tenido muy claro el alcalde Luis Díaz Alperi, aunque parece que no lo tenía, pues se ha apresurado a pedir dictámenes jurídicos al respecto ¡Santa inocencia!

Como es evidente, estamos hablando de cifras modestas y hasta ridículas para los tiempos que corren y las opulentas gangas que se reparten por esos mundos para tonificar voluntades y votos. Pero el lector habrá intuido sobradamente que no es el huevo, sino el fuero lo que se cuestiona. Y a este respecto no deja de ser chocante que este asunto haya estallado como efecto colateral de una bronca doméstica. ¿Quiere esto decir que sin el cabreo de una concejala que tiró de la manta se hubiesen obviado una vez más las incompatibilidades? Pues sí, una vez más, ya que ni el mismo alcalde era consciente de la ilegalidad, por más que faltasen advertencias acerca del entuerto.

Por otra parte, ¿qué interés tienen las referidas empresas en acrecer irregularmente o no los emolumentos de los regidores? ¿Otorgan una paga de beneficios o fomentan los beneficios presentes y futuros de la paga? Hasta el más bobo de los ciudadanos ha de caer en la tentación de pensar aviesamente cuando tan enconadas son las luchas de los licitantes por la concesión y prolongación de estos servicios. Lo hemos visto no ha mucho en el Ayuntamiento de Valencia y en otras corporaciones donde los visos de juego sucio sugerían la pestilencia del Segura antes que el agua clara del grifo. Queremos decir, en suma, que tan sospechosa es la inocencia de los ediles como la de las empresas implicadas.

Llegados a este punto y abierta como ha sido la caja de Pandora, conviene que no se cierre en falso y se proceda a regular con la mayor transparencia los premios y viáticos que han de percibir los concejales que ejerzan de consejeros o cosa parecida en estas mercantiles de capital mixto. Después del revuelo que se ha organizado nos cabe esperar que ayuntamientos y concesionarias del servicio de aguas potables regularicen sus relaciones, acomodándolas a la legalidad vigente y que sean tan claras como un vaso de agua clara. A la postre, se seguirá cobrando lo mismo por otros conceptos, o eso presentimos, pero al menos se habrá cancelado esa impudicia de los beneficios.

A modo de apostilla nos cumple añadir que no vemos razón alguna para devolver lo cobrado en años y legislaturas pasadas. En puridad, sería exigible desde que la ley vetó esta fórmula, pero es preferible armarse de dudas y admitir la buena fe de los perceptores. Señor, qué tropa.