Un juez suspende la norma lingüística de la Pompeu Fabra por discriminatoria

El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 14 de Barcelona ha suspendido cautelarmente las "medidas para la regulación y fomento del uso del catalán" de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona, atendiendo un recurso de la asociación Profesores para la Democracia, que ya consiguió frenar una norma similar en la Universidad Rovira i Virgili (URV) de Tarragona. Según el juez Victor Ribas, la normativa "impone el uso preferente del catalán". La UPF anunció ayer que recurrirá la suspensión.

Profesores para la Democracia forma parte de la plataforma Convivencia Cívica Catalana (CCC), que preside el eurodiputado del PP Aleix Vidal-Quadras. A instancias de este colectivo, un juzgado de Tarragona dictó, a principios de año, una medida similar en relación al Reglamento de Usos Lingüísticos de la URV, lo que provocó que el Parlamento catalán votara una moción de apoyo -suscrita por todos los partidos, excepto el PP- a la junta de gobierno de este centro y al rector de la URV, Lluís Arola, imputado en un juicio por prevaricación por un tema relacionado con la lengua. A diferencia de la URV, cuyo reglamento de usos lingüísticos fue debatido y aprobado por el claustro de la universidad, la UPF optó por delegar en la Junta de Gobierno la redacción y aprobación de esta normativa interna que entró en vigor, por acuerdo de la citada junta, el pasado 8 de marzo. Las "medidas" de la UPF son menos radicales que las del reglamento de la URV, especialmente en lo que se refiere a la exigencia de que los docentes demuestren su conocimiento del catalán, pero ambas se basan en Ley de Política Lingüística de 1998, que, al contrario que su predecesora, la Ley de Normalización de 1983, incluye la posibilidad de establecer medidas de discriminación negativa.

En el auto en el que suspende cautelarmente la normativa, el juez Ribas constata que "impone el uso preferente en la misma y en sus relaciones con terceros del catalán, conceptuando éste como idioma oficial propio de la Universidad", lo que, según el auto, "choca, al menos inicialmente", con el hecho de que la universidad pueda "tener un idioma oficial propio y además éste parezca contrapuesto al castellano", ya que, según el juez, "éste también es oficial en España y Cataluña".

El auto suspende cautelarmente las citadas medidas "en superior defensa de los intereses públicos, por todo lo que suponga favorecer el equilibrio entre idiomas igualmente oficiales, y en defensa de la libertad de expresión". Según el juez, "a raíz del actual régimen político de libertades", la universidad "ha podido dichosamente dejar de ser foro de reivindicaciones ciudadanas ciertamente legítimas, pero que demandaban otros cauces de expresión política hoy ya institucionalizados".

La Pompeu Fabra emitió un comunicado indicando que "no quiere comentar la resolución judicial ya que tiene previsto presentar recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña", si bien "expresa su preocupación y sorpresa" ya que considera que el auto judicial "contradice el artículo 3 del Estatuto de Autonomía de Cataluña que otorga en exclusiva al catalán la condición de lengua propia de Cataluña". El departamento de Universidades de la Generalitat se pronunció en términos parecidos, anunció su intención de recurrir y subrayó que "la normalización de la lengua catalana en el ámbito universitario continúa siendo uno de los objetivos prioritarios del gobierno de la Generalitat".

El vicesecretario general de Esquerra Republicana (ERC), Josep Huguet, denunció una "auténtica persecución judicial de la normalización lingüística", y advirtió de que "se están rompiendo las cartas del proceso de la transición". Todo lo contrario opinaba un satisfecho Vidal-Quadras, que, sin embargo, mostraba ayer su preocupación por el hecho de que "este tipo de iniciativas para restaurar derechos individuales las tengan que llevar a cabo entidades cívicas a título privado, mientras que los partidos políticos como el PSOE o el PP no se comprometen".