Excluida de la selectividad la profesora que defendió las pruebas en castellano La docente de la Universidad de Tarragona dio un examen en español

Josefina Albert, la profesora sancionada por la Universitat Rovira i Virgili, de Tarragona, por haber denunciado al Defensor del Pueblo la discriminación del castellano en las pruebas de acceso a la universidad, se ha visto de nuevo excluida este año de la corrección de estos exámenes. La decisión, que se hará oficial en los próximos días, ha sido tomada por la comisión de la selectividad de la Generalitat, después de que la URV decidiera inhibirse sin pronunciarse sobre la idoneidad o no de la profesora.La URV decidió no pronunciarse sobre la capacidad de Albert, a la que ya dio por no idónea el año pasado alegando que no había respetado las normas del Tribunal de Corrección, una decisión que es la que ha llevado al rector, Lluis Arola y al coordinador de las pruebas de selectividad, Joan Igual, a enfrentarse con la profesora en los juzgados. El fiscal pide para ambos ocho años de inhabilitación. La decisión pues, ha corrido por cuenta de la Generalitat que la hará oficial en los próximos días y que, al igual que la URV, recoge que Albert no corrija exámenes de selectividad hasta que exista una resolución judicial en firme.

Esta situación se produce después de las quejas que formularon tanto Albert como el profesor José María Fernández el año pasado, a quienes no se les comunicó de forma oficial su exclusión de las pruebas. Fernández, este año, ha decidido no renovar su petición.

Los dos profesores se dirigieron por separado al Defensor del Pueblo tras las pruebas de selectividad de 1998. Mientras Fernández se quejaba de una situación de discriminación del castellano, Albert se refirió a lo sucedido en el transcurso de uno de los exámenes, en el que, según su versión, un alumno le solicitó un ejemplar del cuestionario en castellano. Al dirigirse al presidente del tribunal, éste le exhortó a dar explicaciones orales al alumno, pero le prohibió librar el cuestionario bajo ningún concepto. La profesora realizó copias del ejemplar y lo repartió a dos de los alumnos.

Según Albert, su decisión de recurrir al Defensor del Pueblo fue la causa de su exclusión, no comunicada, de las pruebas y por ello decidió interponer una querella contra el rector, el vicerrector y el coordinador de las pruebas.

La universidad sostiene por el contrario que en las pruebas de selectividad no se produjo ningún contratiempo y que de haberlo habido, la profesora tenía que haber dado cuenta de él al presidente del tribunal.