Pinochet ordenó ejecutar a un colaborador de Allende, según un testimonio militar secreto

Una impactante revelación surgió ayer en los alegatos por el desafuero del ex dictador ante el pleno de 22 magistrados de la Corte de Apelaciones de Santiago, que por primera vez implica en persona a Augusto Pinochet en la orden directa de un crimen. Hugo Gutiérrez, abogado de la acusación, citó un testimonio secreto del general Gonzalo Urrejola, ya retirado, a la Comisión Rettig, que investigó en 1990 las violaciones de derechos humanos durante la dictadura. Según ese testimonio, el militar reconoce que se recibió una orden directa, por teléfono, de Pinochet para ejecutar a Germán Castro, exintendente de Talca y colaborador en el Gobierno de Salvador Allende. El funcionario fue fusilado.

Germán Castro fue ejecutado antes de que concluyera el consejo de guerra iniciado contra él y la sentencia se le dictó post mortem. Éste es el primer testimonio de un militar -aunque tiene carácter secreto- en el que se incrimina a Pinochet en la orden de la muerte de un detenido, en la orden directa de un crimen.Con similar contundencia, la presidenta del Consejo de Defensa del Estado (CDE, fiscalía), Clara Szczaranski, sostuvo que Pinochet tiene responsabilidad criminal en los delitos cometidos por la Caravana de la Muerte, y descartó que el objetivo de esta fuera apoyar los consejos de guerra, ya que no la integraba ningún abogado.

El CDE (la Fiscalía) plantea que existen condiciones adecuadas para el proceso, que el proceso de desafuero no implica un juicio político a la gestión de Pinochet, sino poner a un senador en igualdad de condiciones con los querellantes.

La batería de argumentos de la defensa procura así contestar la acusación formulada por los querellantes, ayer y el jueves, de que Pinochet fue autor intelectual de los crímenes al enviar al jefe de la comitiva militar como oficial delegado, no investigar los homicidios y ascender a quienes integraron la Caravana de la muerte a mayores responsabilidades.

En su réplica a Clara Szczaranski, el defensor de Pinochet, Ricardo Rivadeneira, cuestionó que se esté realizando un debido proceso a su cliente, porque no está en condiciones de salud de enfrentar un proceso, y alegó que es inocente de los cargos que se le imputan. Rivadeneira criticó que Chile haya argumentado en Londres que Pinochet no estaba en condiciones de enfrentar un proceso y de regreso a casa, en cambio, el Estado, a través del CDE, sostenga lo contrario.

Los magistrados decidieron esta madrugada resolver la próxima semana si ordenan o no practicar exámenes médicos a Pinochet. Como en las dos jornadas anteriores, partidarios y detractores de Pinochet gritaron consignas en las afueras de los tribunales.

Por la mañana, el presidente de Chile, Ricardo Lagos, había criticado la inquietud de los militares por el proceso para retirar el fuero al general Pinochet y defendió que la justicia chilena está ahora demostrando que nadie es inmune en su país. Refiriéndose a la inquietud planteada por los jefes de las Fuerzas Armadas, Lagos admitió que, como presidente, escucha "a todos los que quieren expresar una intranquilidad, pero lo esencial es que el país avance". Agregó que "lo único" que pide "es respeto para los tribunales. Y las inquietudes, por muy respetables que sean, deben procesarse internamente". Esta afirmación del presidente se interpretó como una réplica al jefe de la Armada, almirante Jorge Arancibia, quien expuso el jueves abiertamente su preocupación.

En el mismo sentido de generar confianza, la canciller Soledad Alvear sostuvo que estas jornadas han demostrado internacionalmente que en Chile existen condiciones para un debido proceso de Pinochet, porque los tribunales trabajan en forma autónoma.

Desafuero de un exministro

Por otra parte, un grupo de diputados democracristianos pidió ayer al CDE que pida el desafuero del senador derechista Sergio Fernández, exministro del Interior de la dictadura, por estar comprometido en la creación de la Unidad Antiterrorista de la Central Nacional de Informaciones (CNI, sucesora de la DINA), acusada de cometer crímenes de opositores en el régimen militar.

Con la petición de ayer de diputados democristianos al CDE para que pida el desafuero del senador Fernández, el organismo quedó con otro tema complejo en sus manos. Fernández admitió ayer que la Unidad Antiterrorista de la CNI, acusada de cometer crímenes de opositores a la dictadura, sólo podía operar por orden expresa del presidente, como dice un documento difundido esta semana.

En declaraciones a una radio, Fernández admitió ayer que la Unidad Antiterrorista de la CNI, acusada de cometer crímenes de opositores a la dictadura, sólo podía operar por orden expresa del Presidente, como dice un documento difundido esta semana.

La ofensiva judicial de las víctimas no cesa, y ayer en los tribunales fue interpuesta la querella número 94 contra Pinochet, esta vez por el asesinato de Manuel Moreno.