La profesora que acusó al rector de Tarragona denuncia amenazas Josefina Albert repartió exámenes de selectividad en castellano

La profesora Josefina Albert renovó ayer las acusaciones de que en la Universidad Rovira i Virgili (URV) de Tarragona existe una campaña de amenazas contra ella por haber denunciado por prevaricación al rector, Lluís Arola. El rector la había apartado de la corrección de las pruebas de acceso a la universidad por haber denunciado ante el Defensor del Pueblo la marginación del castellano en esas pruebas.

Según la profesora, actualmente de baja por depresión, alumnos de la URV difunden su número de teléfono particular, algunos profesores le han negado el saludo y recibe numerosos anónimos en los que se dan vivas a ETA. Albert ya denunció la semana pasada ante la policía la recepción, en su contestador telefónico, de tres mensajes que amenazaban con la colocación de "una bomba-lapa" en su vehículo, así como otros en los que se exclamaba Gora ETA. El fiscal jefe de la Audiencia de Tarragona, José María Parra lo calificó de "muy grave".La universidad -que reconoce que hay pintadas en contra de Albert en las paredes de la Facultad de Letras- atribuye a elementos incontrolados la autoría de los hechos. "No tenemos elementos suficientes para determinar si la crispación que denuncia es real o no, si está exagerando o no", dijo ayer el vicerrector Antoni Pigrau. Ha sido la profesora, añadió Pigrau, con la filtración a los medios de comunicación de los autos judiciales que le han sido favorables, la que ha forzado a la universidad a dar su versión de los hechos, "porque la suya no se acerca a la realidad".

Albert, cuya denuncia ha supuesto una petición fiscal de inhabilitación de ocho años para el rector de la URV, Lluís Arola, y para el coordinador de la selectividad, sostiene que, desde que decidió interponer la denuncia, el ostracismo al que le ha sometido el resto del profesorado y las presiones ejercidas por determinados decanos de las facultades la han conducido a un estado de depresión, que la ha llevado a solicitar la baja laboral.

La profesora decidió acudir al Defensor del Pueblo en 1998 después de que se le prohibiera de forma terminante proporcionar exámenes en castellano a dos alumnos. Según la normativa que aplica la Generalitat, los exámenes de selectividad se reparten en catalán, aunque los alumnos pueden contestar tanto en castellano como en catalán. La norma indica que, si el alumno no lo entiende, el profesor, de forma oral, intentará que la comprenda. Sólo en caso negativo se le proporcionará la copia en castellano. La profesora hizo fotocopias del cuestionario en castellano para dos alumnos que se lo solicitaron.