La Guardia Civil destapa una nueva red de fraude en las ayudas al aceite

Las ayudas comunitarias a la producción de determinados productos agrícolas siguen siendo la fuente de la que se lucran innumerables personas a lo largo de toda España. La Guardia Civil hizo ayer públicos los primeros datos de la denominada Operación Oliva, en la que han pasado a disposición judicial 22 personas por un presunto fraude de 1.200 millones de pesetas a las subvenciones de la Unión Europea a la producción de aceite de oliva, el equivalente a 30.000 toneladas de aceitunas. Lo peor de este caso -en el que la Junta de Andalucía sale muy mal parada, por ser la responsable de vigilar la concesión de los certificados que acreditan las ayudas monetarias posteriores- es que los investigadores aseguran que es únicamente el principio de un largo proceso que amenaza con llevar a bastantes más personas frente al juez.El mecanismo del fraude es extremadamente sencillo si se tienen los contactos adecuados. De hecho, la agilización de los mecanismos para que se cobren las ayudas a la producción de aceite de oliva ha favorecido la aparición de los pícaros, que se enriquecen con los mismos sin producir un solo kilo de aceite. En un primer momento se falsea la producción de una finca. En esta investigación se ha descubierto que terrenos que no eran más que una zona pantanosa o una encrucijada de caminos de tierra rurales se han presentado con ficticias producciones con decenas de toneladas.

El segundo punto es que una almazara en la que se ejecuta la molturación de la oliva, certifique y selle los papeles como si las inexistentes toneladas de aceite fueran el producto de después de la molienda. Posteriormente, hay que probar que esos litros han salido de la almazara, para lo que se utilizan diversos trucos. El más llamativo es el de un oleicultor que firmó la retirada de 20.000 kilos de aceite para su propio consumo. La norma de las subvenciones permite a cada persona por unidad familiar una cantidad de 30 kilos por año.

Denuncia del Estado

Esta investigación de la Guardia Civil mana de una denuncia de la Agencia del Aceite de Oliva (dependiente del Ministerio de Agricultura) ante el fiscal general del Estado que, a su vez, la derivó al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. La primera irregularidad fue detectada en una almazara de Guadix (Granada), desde la que se ha ido desvelando la madeja de la estructura de fraude. La Agencia del Aceite de Oliva supervisa los controles que las distintas delegaciones provinciales de la Consejería de Agricultura de la Junta deben realizar.

Del visto bueno de las autoridades autonómicas dependen los sellos que facilitan el cobro de las subvenciones. De hecho, la mayor parte de los fondos comunitarios solicitados fraudulentamente ya había sido cobrada (ahora está congelada). A los largo del año que se lleva investigando este tema se han registrado 21 almazaras en toda Andalucía, y en cinco se hallaron irregularidades.

Entre los 22 inculpados figura el nombre de uno que fuera torero, Juan Muriel, vecino de Herrera (Sevilla). Éste y su almazara, Aceites el Torero, ya figuraban en otros sumarios. El diario El Correo de Andalucía ha rescatado a lo largo de la semana pasada un caso de 1996 -que se está viendo ahora en un juzgado de Osuna- en el que también aparece el nombre del torero, de su hijo y el del que fuera líder de los jornaleros, Juan Antonio Romero Sánchez.

Fuentes cercanas a la investigación aseguran que casi la mitad de los 22 inculpados ya han estado relacionados con este tipo de delito. Las ayudas por cientos de millones llegan gracias a sociedades que nacen y mueren en 24 horas y, junto a ellas, el prestigio del cultivo del olivo en España.